El Intendente Daniel Benítez busca afanosamente captar votos. Ahora mediante un video y rompiendo la veda electoral sale anunciando viviendas.

En su mensaje, Benítez señala: “Hola queridos vecinas y vecinos, quiero anunciarles buenas noticias para Puerto Yeruá. El gobernador Gustavo Bordet y el Presidente del IAPV, Marcelo Bisogni, han autorizado la licitación de 19 viviendas para nuestra localidad, es la Primera Etapa de las 39 viviendas que está destinadas a resolver problemas habitacionales de nuestros vecinos”.

Lo que no dice Benítez, es que recién anuncia la autorización de la licitación, que es el tiempo de partida de toda gestión. Esas viviendas que Benítez está anunciando estarán terminadas dentro de dos años, o sea cuando Benítez no esté más si la suerte no lo ayuda.

Y segundo, el Intendente de Puerto Yeruá vuelve a violar la veda electoral, nombrando e involucrando al gobernador Gustavo Bordet y al Presidente del IAPV, Marcelo Bisogni.

Veda Electoral y los vicios de la vieja política

La Justicia Electoral ordena “el resguardo de los bienes y fondos públicos exigen el apartamiento del precandidato o candidato del cargo o función que ocupa (En este caso el intendente Benítez). Los entrerrianos venimos de pasar por tremendas experiencias que han demostrado la inconveniencia de que los precandidatos o candidatos se mantengan en el ejercicio del poder o función pública mientras están de campaña. Hemos padecido dramáticos perjuicios precisamente por el vicio señalado”.

“La actividad proselitista del funcionario en ejercicio del cargo, por otra parte, condiciona la libertad del elector, intoxica la política, degrada las instituciones y daña la sociedad. Aclaramos: nadie cuestiona el legítimo derecho a la postulación de cada funcionario. Lo que no debe hacer ese funcionario precandidato o candidato es estar de campaña mientras ejerce el cargo o la función que le hemos encomendado los ciudadanos.

Este reclamo se justifica a la luz de las experiencias sufridas por el conjunto de la población precisamente por el inconstitucional defecto señalado. La reciente condena judicial al exgobernador comprobó la sustracción de fondos públicos por más de 8.300 millones de dólares que se demostró fueron destinados al pago de gastos de su campaña a presidente”, subrayaron y acotaron: “Este ejemplo es uno de los centenares de actos irregulares cometidos en los diversos niveles del Estado por quienes, ejerciendo funciones, se han venido postulando para ocupar cargos públicos”.

Finalmente, desde el Foro de Políticas Públicas de Entre Ríos evaluaron que “por todas esas indiscutidas razones, convocamos a la ciudadanía a exigir a los precandidatos o candidatos su apartamiento inmediato de la función o cargo que ocupan mientras tramite el proceso electoral. De lo contrario, es legítimo suponer que quien se mantiene en el cargo o función públicos siendo a la par precandidato o candidato, lo hace con el previsible propósito de servirse de los bienes, contrataciones y dinero públicos como recursos personales de campaña”.