Se trata de un núcleo familiar de apellido Sotelo que tiene que retirarse de una casa casi en ruinas que se les prestó por un tiempo en una quinta que se vendió. El encargado de la finca, Raúl Lezcano, señaló a Diario del SUR Digital, que “todos nos tenemos que retirar de este lugar porque cambió de dueño.

Hace unos cuatro años atrás, la familia Sotelo vivía a unos 50 metros del acceso a Puerto Yeruá, también en una casa precaria sin luz y sin agua, pero según ellos, la Intendenta de ese momento Liliana Sgüerzo, les tiró abajo la casa con la promesa de hacerles una casilla, pero eso nunca ocurrió.

La familia está compuesta por una mujer de nombre Irma de unos 70 años que no puede caminar, otra mujer de unos 40 años y dos menores de edad.

Ester Sotelo indicó en que “desde hace un mes estoy yendo a la Municipalidad y nadie me da respuestas. Son puras promesas. Mi hermana tiene lugar en su terreno para poner una casilla, pero el Intendente no me atiende. No sé qué hacer esto me desespera. Lo último que nos queda es que alguien me lleve al Defensor de Pobres y Menores del Juzgado de Concordia para denunciar esta injusticia”, dijo la mujer.