La ley fue sancionada el 26 de abril pasado y dispone la eliminación de cualquier forma de discriminación y antisemitismo en la provincia. El 1º de junio fue promulgada por el Ejecutivo provincial, bajo el número 11075, según información a la que tuvo acceso Apfdigital. La norma fue duramente criticada por diversos sectores: argumentan que atenta contra la libertad de expresión.

La promulgación de la ley fue publicada en el Boletín Oficial del 1º de junio bajo el número 11.075.

El proyecto que fue aprobado en la sesión del miércoles 26 de abril, tuvo el aval de la oposición y generó cruces silenciosos en el oficialismo: tres diputados oficialistas se retiraron del recinto al momento de la votación: Stefanía Cora, Julio Solanas y Juan Manuel Huss.

La iniciativa -impulsada por el Ejecutivo- establece el “compromiso irrestricto” de Entre Ríos “con los derechos humanos, la lucha contra cualquier forma de discriminación, incluyendo al antisemitismo”, y dispone la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 23.592 de actos discriminatorios.

La norma dispone que la provincia adopte la definición de antisemitismo establecida por la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto”, entre otras cuestiones.

“El Estado Provincial a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos ante actos que encuadren en cualquier forma de discriminación, podrá recibir denuncias, realizará tareas de asesoramiento y articulará las acciones judiciales con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía afectada por estos actos”, se indica en la norma.

También establece que “el Ministerio de Gobierno y Justicia mediante la elaboración de programas implementará políticas de promoción de derechos humanos y prevención de la discriminación, en coordinación con el Consejo General de Educación”.

La dirigente del MST, Nadia Burgos, fue una de las que cuestionó la iniciativa porque contiene una definición de antisemitismo que “ha sido cuestionada a nivel internacional por asimilarse a la noción de antisionismo” y afirmó que la iniciativa “blinda y propone perseguir a quien denuncie el accionar represivo” del Estado de Israel”.

“En nombre de ‘los derechos humanos’ y de ‘no discriminar’, aprobaron un texto discriminatorio y censor favorable al Estado de Israel, que desde su fundación en 1948 discrimina, violenta y es genocida del pueblo palestino”, había cuestionado Burgos y calificado como “tramposo” al proyecto.

También el referente de la Unión Árabe, Edgardo Masarotti, fue duro contra la ley: “Incluye una definición de una deficiente redacción gramatical y de sintaxis que se presta a confusión, faltándole claridad, lo que conlleva una concepción peligrosa del antisemitismo, que terminará atentando contra la libertad de expresión”.

La iniciativa también fue rechazada por cientos de académicos en un documento en el que afirman que ese concepto “tiene un sesgo que busca criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino” y que “contribuye a reforzar el antisemitismo y otras formas de racismo y exclusión”.