No lo dice Diario del SUR Digital, sino una estadística a nivel provincial. Este martes en la Casa de Gobierno en donde funciona el Observatorio de Género y Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores, se puso en conocimiento por escrito de los distintos casos de violencia ejercidos funcionarios de la Municipalidad de Puerto Yeruá.
Los casos señalan al Intendente Daniel Benítez, a la Secretaria de Gobierno, Silvia Bel, contra una empleada de Planta Permanente del municipio, también al Viceintendente Rubén Segovia, imputado por violencia de género contra su pareja, al funcionario del Ejecutivo, Gustavo Lissa, quien fuera denunciado por dos concejales mujeres y por último al concejal Roberto Saccomandi, denunciado por agredir a Lucrecia Ramírez, viuda del joven asesinado en un episodio que está siendo investigado por la Justicia.
La paja en el ojo ajeno
Como una manera de enlodar el trabajo periodístico de investigación llevado a cabo por Diario del SUR Digital, al Intendente Benítez se le ocurrió la brillante idea y a través de los concejales adictos a su gestión, de declarar Persona no Grata al director de este medio, que viene hace años denunciando los manejos poco claros de los dineros públicos que es de todos los vecinos de Puerto Yeruá que pagan sus impuestos. Los malos tratos a gente de escasos recursos que van a pedir alimentos a la Municipalidad. El deterioro del salario de los trabajadores municipales. La no rendición de las dos últimas Fiestas del Río. Concejal denunciado por cobrar un sueldo extra sin trabajar. La vida suntuosa de ciertos funcionarios que viven viajando, como el caso de la Secretaria de Desarrollo social, Liliana Sgüerzo, que tuvo como tres meses de vacaciones en un año y encima cobra arriba de los 250.000 pesos por mes. El deterioro del parque automotor de la Municipalidad y el uso desmedido de los vehículos municipales para beneficio particular. El dinero destinado por el Presupuesto para la construcción de al menos 30 viviendas sociales por año que no se hicieron y tampoco se sabe en dónde está el dinero presupuestado. El nuevo canon que se les cobra a las Canteras, de unos 200.000 pesos a cada una por mes y no se sabe adónde va ese dinero, etc, etc.
Monarquía absoluta
Todo ello, sumado a las denuncias por violencia laboral y de género, podemos llegar a la conclusión de que estamos asistiendo a la peor de las gestiones municipales vivida por los vecinos de Puerto Yeruá y que aún restan 8 meses de mandato de un Intendente que tiene la suma del poder público, como una monarquía absoluta, es decir, un Rey que maneja el Ejecutivo y también en su totalidad al Concejo Deliberante que son marionetas y las maneja a gusto y placer de sus inconfesables intereses.
