“Nunca puede ser transparente una provincia que aún no tiene reglamentado el acceso a la información pública”, planteó el diputado del PRO. Ante la reunión en Paraná del Consejo Federal para la Transparencia (CFT), el legislador opositor reflexionó sobre las “deudas pendientes” que tiene la provincia de Entre Ríos en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Con motivo de la X Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia (CFT), que se reunirá este martes 8 de noviembre en el Centro Provincial de Convenciones en la ciudad de Paraná, el diputado de Juntos por el Cambio, Esteban Vitor, consideró “inaceptable que el gobierno continúe alardeando con esta temática, presentándose prácticamente como la provincia más transparente del país cuando, por una clara falta de voluntad política, el oficialismo provincial ha impedido que avancen en la legislatura un sinnúmero de proyectos destinados a reglamentar y a hacer verdaderamente operativo el derecho de acceso a la información pública y otros derechos que garantizan la transparencia, alguno de los cuales ya tiene más de 6 años de antigüedad”.
“En Entre Ríos el derecho de acceso a la información pública está reconocido en la constitución desde el año 2008, pero carecemos de una Ley Provincial que lo reglamente y lo haga totalmente operativo por falta de voluntad del gobierno provincial”. En materia de transparencia estamos muy lejos de lo que ocurre a nivel nacional, donde existe la ley 27275, impulsada y sancionada durante la gestión de Mauricio Macri con el claro objetivo de mejorar la calidad de nuestro sistema democrático. En ese proceso fue fundamental el acompañamiento y apoyo del entonces Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para materializar la aplicación de la mencionada norma en las provincias, a través del Consejo Federal para la Transparencia, creado por la misma ley. A partir de ello trabajamos la primera propuesta de Ley de Acceso a la Información Pública en Entre Ríos, con importantes aportes de Marina Carbajal, entonces Subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Nación. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, en manos del oficialismo, nunca trató el proyecto”, explicó el diputado del PRO.
“Desde mi rol como legislador provincial he trabajado muchísimo en la reglamentación de derechos que promuevan la transparencia del Estado, ya que ello se traduce en una mayor calidad del gobierno. Así presenté diversas propuestas que colaboran en este sentido, como la reglamentación del plazo de respuesta de los pedidos de informes, proyectos para garantizar el control y seguimiento de la deuda pública entrerriana y para transparentar el control de las contrataciones de alta significación económica, por mencionar algunos”, enumeró Vitor.
Para el jefe de la bancada de diputados macristas, el tema es más grave en términos institucionales, porque “tampoco se cumplen las leyes vigentes en materia de transparencia, como por ejemplo, la Ley 10.771, de mi autoría, que establece la publicación en el Boletín Oficial de los decretos del Poder Ejecutivo dentro de los 30 días de su dictado y en formato completo, con sus anexos, algo que no ocurre actualmente, ya que la demora en la publicación alcanza los 3 meses y no en todos los casos se publican los anexos, atentando claramente contra los principios de la transparencia de los actos de gobierno”.
“En materia de transparencia el oficialismo ni siquiera ha cumplido con su propia agenda. Así oportunamente acompañamos la ley con la cual se iba a implementar el expediente electrónico, herramienta elemental para desterrar el secretismo de la gestión pública, sin embargo, desde su promulgación, poco y nada se ha hecho en ese camino, lo que coloca a Entre Ríos como una de las provincias más atrasadas en este tema. Hoy está todo dado para transparentar la administración, pero parece que hay una decisión de no avanzar en ese sentido”, remarcó.
El legislador opositor planteó que “la transparencia y el acceso a la información pública deben dejar de entenderse como derechos “lejanos” a la gente, ya que cuándo se cumplen las garantías que estos establecen, se está promoviendo la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, el control de los actos públicos de gobierno y, fundamentalmente, se amplía el ejercicio de otros derechos humanos que el Estado debe garantizar”.
Fuente: Página Política
