Lo que se negocia ahora es si habrá o no precio de entrada al congelamiento, qué productos entrarán y un acuerdo político de comportamiento para la salida de ese proceso de precios estables por 120 días.

El control y aumento de las multas
El Gobierno apunta a dos herramientas de control. El primer lugar, habrá una app para celulares que será parecida a la del escáner de códigos de barras que usan los cajeros de comercios, y que ve in situ el precio de los productos y si están o no incluidos en Precios Justos. Según Comercio, la aplicación se trabaja para que sea descargada según sistema operativo o bien la app Mi Argentina permita el escaneado. Además, ese mismo mecanismo permitirá denunciar on line si el producto no tiene el precio y, a partir de esa información y lo que se consiga vía inspectores, el Gobierno procederá con las sanciones.

La segunda novedad es que en la ley de Presupuesto 2023 que se debate en el Congreso y ya tiene media sanción de Diputados, se subieron por primera vez desde el año 2008 los montos de multas a las empresas que violen la Ley de Defensa del Consumidor. La referencia es para la modificación del Art. 47, Inc. B de dicha norma. Hasta el 2008, la multa era de hasta 5 millones de pesos, hoy ese máximo pasa a ser de 283 millones de pesos, calculados en base al aumento de la fórmula de canastas básicas totales para hogar 3 que maneja el Indec. Si bien no todas las irregularidades tendrán esa multa, llevar a la penalización máxima a casi 300 millones tiene el objetivo de ejemplificar.

Aseguran que el Gobierno había visto que, con los niveles actuales de penalización, no existía en las empresas temor a incumplir los acuerdos. Es más, para la mayoría era más conveniente seguir aumentando los precios y ser pasibles de sanciones que son insignificantes para el volúmen de sus ingresos y balances.