En una década el sector privado no creo ni un empleo registrado neto

Son datos del Ministerio de Trabajo. En febrero de 2012, 6,1 millones de personas trabajaban allí; ahora hay 14 mil menos. Para acompañar el crecimiento vegetativo de la población, deberían sumar 6,7 millones. En cambio, creció el monotributismo y el empleo no registrado se mantiene en un nivel elevado.

La movilización de la Unidad Piquetera, que recorrió el país durante la semana pasada y llegó hasta la Plaza de Mayo el jueves, planteó como consigna central el reclamo del trabajo y del salario con el propósito de combatir el hambre y la pobreza.

Las organizaciones sociales que participaron de las marchas, en las que intervinieron 200 mil personas, reclaman también la universalización en el acceso a los planes Potenciar Trabajo que otorga del Ministerio de Desarrollo Social y que entregan un beneficio equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil. Estos planes se incrementaron desde los 560 mil vigentes en diciembre de 2019 hasta los 1,2 millones activos en la actualidad.

Sin embargo, entre 2017 y 2021, más de 7 millones de personas se sumaron a una situación de pobreza y viven en hogares que no llegan a reunir los ingresos necesarios para hacer frente al costo de una Canasta Básica Total (CBT), en marzo cercana a los $ 90 mil para una familia compuesta por dos adultos y dos menores.

El nuevo beneficio anunciado por el gobierno, ante la escalada de los precios, por un monto de $ 18 mil en dos cuotas, de hecho, fue tramitado por más de 7,5 millones de personas según datos de la Anses.

La negativa cerrada del gobierno a flexibilizar las altas de planes Potenciar Trabajo se fundamenta en su intención de inducir a los beneficiarios actuales de esos planes a que se integren en sectores productivos privados.

Las carteras social y laboral promovieron desde agosto de 2021 una serie de convenios tripartitos, acompañados de resoluciones y decretos, que buscan generar estímulos para las empresas que podrían valerse de mano de obra subsidiada por el Estado y, según el caso, capacitada por sindicatos u organismos oficiales por un período de tiempo durante el cual las patronales deberían hacerse cargo de una parte del salario de convenio de la actividad.

La Unidad Piquetera asegura que el reclamo de universalizar planes se fundamenta en la situación de emergencia y que la intención de las organizaciones y sus representados es la de ingresar a trabajar de manera registrada. La universalización, además, anularía los intermediarios, como las propias organizaciones sociales o los intendentes, delimitando el vínculo entre el beneficiario y el Estado.

Empleo y producción

Los dirigentes de la Unidad Piquetera desconfían de la capacidad del aparato productivo a la hora de integrar trabajadores en forma registrada. Y, en rigor, tienen motivos para hacerlo.

El informe de empleo que elabora mensualmente el Ministerio de Trabajo en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y que se conoció días atrás ya permite realizar un balance de una década en lo que se refiere al mercado de trabajo en la Argentina.

Así, comparando los registros de febrero de 2022 con los del mismo mes de una década atrás surge que, si bien se sumaron 1,52 millones de personas al trabajo registrado en general, en el segmento privado se registra un estancamiento en términos absolutos y, en rigor, la pérdida de 14.100 puestos.

Dicho de otra forma, durante los últimos diez años, el sector privado no generó ni un empleo registrado en términos netos. Ese poco más de un millón y medio de empleos formales nuevos se explica fundamentalmente por el sector público, que sumó 711 mil nuevos trabajadores, y las diversas formas de monotributo, que agregaron 764 mil personas al trabajo registrado.

El proceso da cuenta de una mayor precarización del empleo incluso dentro del segmento registrado y de una mayor dependencia del empleo sobre el presupuesto público.

Pero la creación neta de empleos del sector privado debería valorarse en función del crecimiento vegetativo de la población que, según las proyecciones del Indec, llegó al 11% entre 2012 y 2022. Así las cosas, la capacidad de absorción del aparato productivo y de los servicios privados en términos reales retrocedió en un 11,3%. Si la producción hubiera solo acompañado el crecimiento de la población hoy deberían estar registrados 6.774.800 empleados privados.

El pico máximo de empleados registrado en las empresas privadas sucedió en marzo de 2018, cuando sumaban más de 6,32 millones.

El empleo estatal creció en una década un 27% mientras los monotributistas en sus diversas modalidades lo hicieron en un 30%. Los trabajadores autónomos registrados cayeron un 5%, dando cuenta también de un deterioro en los ingresos de los trabajadores independientes.

Este comportamiento del empresariado privado a lo largo de la década se sucedió en etapas políticas y con políticas económicas variadas. En estos días lanza diatribas contra los desocupados movilizados argumentando que «no hay cultura del trabajo», pero en rigor debería admitir que atenta contra esa cultura al no crear empleos. La fuga de capitales, parte esencial de ese comportamiento empresario, implica la posibilidad de empleos en otros países al derivar riqueza hacia ellos.

Por sectores

A la hora de analizar el desarrollo del empleo en forma desglosada surgen otros indicadores desalentadores para las aspiraciones del gobierno de insertar trabajadores del Potenciar Trabajo en el sector privado. Los esfuerzos oficiales se dirigieron hasta el momento hacia los sectores agropecuario, de la construcción, industria textil y los gastronómicos y hoteleros.

Pero en todos esos casos se verifica un retroceso en términos absolutos de la cantidad de empleados registrados en la última década, que se agrava si se tomara en cuenta el crecimiento vegetativo de la población. El sector agrícola perdió 14 mil puestos; la construcción, poco más de 33 mil; y el sector de la hotelería y restaurantes, unos 12 mil. El sector textil se encuentra agregado dentro de la manufactura que, de conjunto, retrocedió en 120 mil empleados.

Ese retroceso en los sectores industriales y primarios se compensó parcialmente con un crecimiento en el sector de comercio y servicios de diverso tipo y el de la enseñanza privada que, por sus características, requieren perfiles laborales muy específicos. Mientras que en 2012 el sector manufacturero era el principal generador de empleo privado, superando en 142 mil al sector de comercio, hoy este último tiene 8000 empleos más que la industria.

Pero es precisamente en este sector en el que el trabajo no registrado muestra mayores índices, lo que indica una menor predisposición a la contratación registrada. Según el informe «Cuenta de generación de ingresos e insumo de la mano de obra» del Indec, durante 2021, entre el sector agrícola, la hotelería y la construcción apenas existían 937 mil empleos formales.

Para que el plan de integrar beneficiarios del Potenciar Trabajo resulte exitoso, estos sectores deberían más que duplicar la generación de empleo registrado o, en su defecto, producir una rotación de empleados equivalente, inducidos por un cuantioso subsidio del Estado a los empresarios e instaurando una lógica de suma cero a expensas del Estado.

Pero, además, de esos mismos datos del Indec surge que el empleo no registrado, que a nivel global afectaba al 31% de los trabajadores asalariados, escala al 62% en el sector agrícola y pesquero, al 58% en la construcción y al 39% en la hotelería y gastronomía. La agregación del sector manufacturero –donde el empleo no registrado llega al 31%– no permite identificar el fenómeno en el sector textil, pero estimaciones oficiales de la cartera productiva indican que entre textil y confección existen 280 mil puestos de los cuales apenas 90 mil son formales.

Desde la cartera de Desarrollo Social reconocen que, a nueve meses de anunciados los primeros convenios sectoriales, no cuenta con información fehaciente acerca del número de beneficiarios de Potenciar Trabajo que se habrían integrado al trabajo formal en el sector privado.

El acuerdo con el FMI impone una política fiscal que obliga al gobierno a congelar los beneficiarios de planes. Sin empleo ni asistencia, postales como la del jueves no harán más que multiplicarse.

Redaccion-Uno

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