Dolores Etchevehere: postergan una audiencia clave

La audiencia de remisión a juicio oral de la causa que tiene imputada a Dolores Etchevehere fue postergagada por un pedido de licencia del juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo. En esa investigación penal la menor de la familia Etchevehere está acusada por el delito de usurpación por haber ocupado, durante una quincena, en octubre de 2020, el campo Casa Nueva, en el Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena, propiedad de Las Margaritas SA, firma que regentea su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.

En principio, esa audiencia se había fijado para el próximo 4 de mayo en los Tribunales de La Paz y ahora se reprogramó para el 7 de junio, según pudo saber Entre Ríos Ahora. A esa instancia se llega luego de un pleito que inició Dolores Etchevehere a través de sus abogados para apartar a los dos fiscales de la causa, Oscar Sobko y María Constanza Bessa. Pero esa estrategia no prosperó. El caso se desató de la espectacular ocupación por Dolores junto a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois, del campo Casa Nueva. Ello ocurrió el 15 de octubre de 2020. Sus hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, más su madre desplegaron movilizaciones multitudinarias para exigir el desalojo hasta que consiguieron que el 29 de octubre de ese año la camarista María Carolina Castagno ordenase el desalojo.

El 4 de junio de 2021, a casi un año de los hechos, los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz, solicitaron la remisión de la causa a juicio, con un pedido de condenada de un año de prisión condicional –no irán presos- para Dolores y también para el abogado Facundo Taboada.

La audienica será ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo; y participarán de la misma los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa; los defensores de Dolores y Taboada, Lisando Mobilia, Patricio Cozzi y Daniel Verón; y los querellantes Rubén Pagliotto y Damián Petenatti. En esta instancia se abordarán los expedientes «Etchevehere Dolores-Taboada Facundo s/ usurpación» y «Etchevehere Dolores s/ desobediencia judicial».

Acusación

La dirigente de Proyecto Artigas está acusada de haber tomado ilegalmente la estancia Casa Nueva, propiedad de la firma Las Margaritas SA, que dirige su madre Leonor Barbero Marcial. Dolores defendió –y defiende- la toma asegurando tener derechos hereditarios sobre la propiedad, que perteneció a su padre, Felix Etchevehere, quien murió en 2009.

No obstante, la Fiscalía entiende que Dolores “carecía de todo derecho para esa toma de posesión, ya que no tenía derechos hereditarios sobre la propiedad, al haber cedido su parte en forma onerosa con anterioridad”.

En el escrito elevado por los fiscales al juez, indican que el 15 de octubre de 2020, aproximadamente a las 11, Dolores y Taboada ingresaron a la estancia exigiéndoles a los empleados que entreguen las llaves de la puerta de ingreso a la casa principal. Precisan que el pedido se lo formularon a la empleada Ramona Rodríguez, a quien además, según la Fiscalía, amenazaron con “que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas” y que ante su negativa “ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio”.

También señalan que “habiendo abierto -sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma, habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020; además de realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre el establecimiento; y comunicarles a los trabajadores Ángel Martínez, Ramona Rodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos”.

Luego resaltan que “todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.».

El segundo hecho se le imputa sólo a Dolores, y tiene que ver con haberse opuesto a abandonar la estancia tras la orden judicial del 29 de octubre emanada por la jueza Castagno. Por esa actitud, la dirigente fue detenida.

Rechazo a las recusaciones contra los fiscales

En una primera instancia la discusión sobre el pedido de remisión a juicio no pudo darse por cuanto Dolores Etchevehere recusó a los fiscales que la acusan.

El planteo fue rechazado en octubre de 2021 por el juez de Garantías de La Paz; luego por la vocal María Carolina Castagno, la misma jueza que el 29 de octubre de 2020 resolvió ordenar el desalojo de la estancia Casa Nueva; y en diciembre de ese año la Cámara de Casación Penal de Paraná declaró inadmisible un recurso para revocar las resoluciones anteriores.

Los defensores plantearon la recusación por entender que Fiscalía perdió objetividad durante la tramitación de la causa. Consideraron que el fiscal se adelantó a determinar en varios pasajes del escrito de remisión a juicio que Dolores carece de derechos hereditarios sobre el inmueble en conflicto. Resaltaron que ello «lo debe determinar el juez de la sucesión del patrimonio de Félix Etchevehere».

Plantearon que el fiscal partió de un «prejuicio» contra Dolores, ya que la tildó de mentirle a las personas que la acompañaron en el ingreso a la estancia de que tenía derechos sobre el campo. Para los defensores esa postura revela una «falta de perspectiva de género» y aseguraron que cuando Dolores se entrevistó con el fiscal en Casa Nueva le pidió que investigue que estaba siendo violentada por sus hermanos y los ruralistas. Recordaron que Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere cerraron con candado la tranquera de ingreso al campo y que un grupo de ruralistas incluso ingresó al predio y le propusieron «un salvoconducto para salir de la provincia».

Asimismo, cuestionaron que el fiscal no haya investigado la denuncia de violencia de género que formuló Dolores, a pesar de que existen procesos como el que lleva adelante el fiscal federal porteño Federico Delgado, que investiga a los hermanos Etchevehere por supuesta «extorsión y violencia económica».

En tercer lugar, recusaron al fiscal porque entendieron que en la investigación cometió una falta de criterio porque pretende llevar a juicio un delito de usurpación que generalmente se resuelve por salidas alternativas. «Es inédito en la provincia y en el país elevar a juicio un conflicto entre hermanos por un bien que está indiviso. Es un acto discriminatorio contra Dolores», manifestó el abogado Cozzi en su momento.

Lo cierto es que ninguno de estos planteos fueron acogidos por la Justicia, y por ello ahora se discutirá si el caso amerita ser llevado a juicio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entre Ríos Ahora

 

Redaccion-Uno

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