El vicepresidente de Brasil, general retirado Hamilton Mourao, rechazó este lunes con ironías juzgar a los responsables por violar los derechos humanos durante la dictadura militar (1964-1985), al comentar la divulgación de 10 mil horas de audio de los tribunales especiales castrenses de la época donde jerarcas admiten torturas y asesinatos.

«¿Qué quieren investigar? Toda esa gente está muerta. ¿Van a sacar a estos tipos de su tumba?», dijo Mourao, riendo, sobre las revelaciones de los audios del Supremo Tribunal Militar en los años 70, cuando juzgaba casos de presos políticos.

En Brasil no hubo juicios por violaciones de los derechos humanos en la dictadura o reparaciones como en el resto del Cono Sur, en virtud de una ley de autoamnistía de 1979 que sirvió como punto de partida para una transición que se dio apenas en 1985 y con voto directo en 1989.

Al igual que el presidente Jair Bolsonaro, Mourao reivindicó a la dictadura y dijo que sirvió para luchar contra el comunismo.

«Esto es un asunto del pasado, la Historia tiene dos lados. Vamos a recordar: hubo en Brasil una lucha interna contra el Estado brasileño con organizaciones que querían implementar la dictadura del proletariado», sostuvo.

Y afirmó que «esas organizaciones perdieron la lucha», tras lo cual admitió que hubo «excesos».

«Hubo excesos. Hubo excesos de ambos lados», dijo Mourao abonando la teoría de los demonios, aunque la época del golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 que instaló 21 años de dictadura Brasil carecía de grupos armados.

Golpe de Estado y después

La guerrilla urbana y rural apareció en Brasil después de 1967, luego de que el régimen dictara el Acta Institucional 5, que suspendió toda actividad política, cerró el Congreso y comenzó a perseguir a sus opositores.

El golpe ocurrió con apoyo de Estados Unidos -según documentos del Departamento de Estado- y en el marco de las reformas agraria y educativa que había anunciado el presidente constitucional Joao Goulart, fallecido finalmente en 1976 en Corrientes, Argentina, durante su exilio tras su derrocamiento.

La respuesta de Mourao se debe a la revelación de los archivos del Supremo Tribunal Militar de los años setenta, donde sus responsables aparecen indagando sobre las torturas y asesinatos, entre otras violaciones a los derechos humanos cometidos en los cuarteles y comisarías.