El flamante gobierno de Chile ratificó su decisión de impulsar un cambio “de fondo y estructural” en la fuerza de Carabineros, días después de que se multiplicaran las críticas por un nuevo accionar represivo de sus agentes y de que se difundiera que la fuerza escuchó conversaciones de un dirigente mapuche luego asesinado.

«Es un cambio de fondo y estructural, porque queremos mejores policías para nuestro país, más eficientes y con apego irrestricto a los derechos humanos», explicó la vocera del gobierno, Camila Vallejo.

La funcionaria habló de una “necesaria reforma”, después de los cuestionamientos -algunos, incluso, de fuerzas que integran el nuevo Ejecutivo- por la represión de Carabineros a una manifestación el último fin de semana.

Vallejo explicó que el Ministerio del Interior ya tiene en análisis “algunas medidas para adoptar a corto plazo”, entre ellas la prohibición del uso de balines, mientras trabaja en la «modificación de los protocolos para permitir y resguardar (el derecho a) la manifestación».

Aunque resultó inevitable referirse a lo que pasó el fin de semana, la vocera explicó que el plan de reformar la fuerza no solo tiene que ver con lo que pasó en la manifestación del viernes en Plaza Italia, sino que son puntos sobre los que ya se estaba trabajando «desde antes», reportaron la radio Cooperativa y el diario El Mercurio, de Santiago.

«Hay un camino que tiene que ver con los protocolos que se sigue desarrollando para permitir y resguardar la manifestación, porque es un derecho humano, pero también entender la importancia de combatir algunos delitos», afirmó.

En septiembre del año pasado la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente discutió «el reemplazo de la institución de Carabineros» por una nueva entidad pública.

Ese mismo mes el gobierno de Sebastián Piñera puso en marcha un nuevo protocolo para la fuerza, con el fin de «resguardar a quienes se manifiestan pacíficamente» al distinguir entre «delitos y legítimo derecho a reunión».

Entre febrero y abril del año pasado hubo casi unanimidad en todos los partidos respecto de la necesidad de refundar la fuerza, después de que un agente matara a un malabarista en un caso de «gatillo fácil».

Carabineros debió dar explicaciones al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por la comentada detención de Luis Rojas, un hombre de 65 años cuyo arresto fue difundido en redes, donde se ve que cae y golpea su cabeza en el piso.

El general de Orden y Seguridad de Carabineros, Marcelo Araya, fue el responsable del informe que, según El Mercurio, señala que se trató de una «detención selectiva», en la que se habría actuado «conforme al protocolo».

Aunque el hombre está acusado de desórdenes públicos, no se iniciaron acciones judiciales ni por eso ni por el accionar de Carabineros.

Con ese fondo, se conoció hoy una investigación del Centro de Investigación Periodística (Ciper), que reveló que Carabineros escuchó varias veces conversaciones telefónicas del joven mapuche Camilo Catrillanca, que en 2018 fue asesinado por funcionarios de la policía militarizada.

«El comunero mapuche Camilo Catrillanca tuvo su teléfono intervenido en distintas oportunidades desde 2013, cuando tenía 18 años», consignó Ciper, que habló de “cientos de escuchas telefónicas entre 2007 y 2018” en el marco de las investigaciones sobre los atentados incendiarios que se daban en la región de La Araucanía.

La investigación señala que muchas de las intervenciones fueron ilegales y que la mayoría de los interceptados eran personas que no tenían ninguna relación con los delitos que se investigaban.

El informe da cuenta de escuchas a otros cuatro dirigentes mapuches, pero también a comediantes, cantantes, un historiador, periodistas, alcaldes y abogados.

Una de las abogadas cuyo teléfono fue intervenido, Manuela Royo, es actualmente una de las 154 convencionales constituyentes, y condenó el hecho a través de su cuenta de Twitter.

«Carabineros interceptó ilegalmente mi teléfono cuando defendí causas mapuche ante la justicia; una vez más queda demostrada la persecución injustificada de esta institución», afirmó.

Finalmente, se conoció hoy que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, decidió mantener las bajas de dos capitanes involucrados en la agresión a la ahora senadora Fabiola Campillai, que en noviembre de 2019 recibió el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por efectivos policiales mientras esperaba un colectivo.

El 20 de agosto de 2020 Carabineros, a través del entonces Jefe de Zona Metropolitana Oeste, general Enrique Monrás, había dado a conocer el resultado del sumario administrativo contra los funcionarios involucrados en el hecho, que determinó la baja de los entonces capitanes Patricio Maturana y Jaime Fernández por no ayudar a la víctima y omitir el procedimiento legal correspondiente.