Megajuicio: el martes serán las últimas palabras de los imputados, antes del veredicto

“La verdad es como la hoja de una espada sin empuñadura, corta por todos lados a quien quiera sostenerla y más a quien quiera forcejear con ella”. La frase fue dicha por la fiscal Patricia Yedro, al cerrar las réplicas en el megajuicio por presunta corrupción. Corresponde al libro Las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que hace una historización de la estructura económica en el continente, narra el saqueo de la riqueza, la explotación y la pobreza como contracara de la misma moneda.

Este jueves se escucharon las réplicas de los tres fiscales que llevaron adelante la acusación en los cinco legajos acumulados por supuesta corrupción durante el mandato del exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri. Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano y Patricia Yedro, representantes del Ministerio Público Fiscal, ocuparon poco más de una hora para contestar los cuestionamientos técnicos planteados por los defensores durante los alegatos de cierre.

Por otro lado, volvieron a alegar los defensores Ignacio Díaz -representa al exministro Pedro Báez-; Emilio Fouces que defiende al exministro de Turismo Hugo Marsó y al empresario Gerardo Caruso; Juan Méndez que representa a Gustavo Tamay; Miguel Cullen que tiene como clientes a Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Alejandro Almada, Corina Cargnel; Raúl Barrandeguy que defiende a Urribarri; y Marcos Rodríguez Allende que representa a Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada. Los abogados se tomaron casi cuatro horas para contestar las réplicas de los fiscales. A las 16.20, cuando concluyeron, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes. Esa será la última jornada de audiencia, los imputados podrán decir sus últimas palabras antes del veredicto. Cabe recordar que los jueces tienen diez días para dar a conocer la parte resolutiva de la sentencia, desde que declaran cerrado el debate.

El tribunal que componen los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, al inicio de la jornada, le preguntó al imputado Germán Buffa si estaba de acuerdo con el pedido que hizo su abogado, José Velázquez, que reclamó se le otorgue una suspensión del juicio a prueba, a cambio de una multa y trabajo regulado por la Oficina de Medios Alternativos (OMA). Videoconferencia de por medio, Buffa respondió a los jueces que conoce el planteo de probation y está de acuerdo.

Réplicas

El fiscal Ramírez Montrull intentó comenzar pero poco después fue interrumpido por Fouces que advirtió al tribunal que este era el momento indicado para replicar y no para volver a valorar la prueba -instancia de alegatos-. A Fouces se le plegó Cullen, Díaz, Barrandeguy y Rodríguez Allende. El juez no hizo lugar al planteo de los defensores y le permitió continuar al fiscal.

Ramírez Montrull se ocupó de responder a los pedidos de exclusión de los informes de los bioingenieros empleados del Ministerio Fiscal que trabajaron sobre material electrónico secuestrado. “Toda esa a prueba fue admitida e incorporada al proceso. El planteo de exclusión resulta extemporáneo”, replicó el fiscal. También se refirió a los cuestionamientos por “alcance de título” que recibieron los profesionales de la acusación pública. “Esto ya fue tratado y recurrido. Llegó hasta la Corte Suprema de Justicia el planteo”. “Además se trató en la audiencia del 15 de noviembre de 2021 y en la audiencia de remisión a juicio de la causa. Por lo tanto, hay que rechazar por inviables los pedidos de exclusión probatoria”, agregó.

“La carrera de Bioingeniería de la UNER, otorga el conocimiento suficiente para realizar el trabajo que hicieron los bioingenieros Guillermo Fritz y Fernando Ferrari. Confundieron actividades reservadas para algunas profesiones con los alcances de título. Y cuando hablan de incumbencias profesionales lo hacen como sinónimo del alcance de título”, refutó y sumó: “Las pericias informáticas no están reservadas a ningún título. No se especifica el peritaje de especialidad informática como actividad reservada o exclusiva de algún título. Además no hay peritos informáticos en el STJ. El reciente proyecto de ley de Fiscalía Anticorrupción prevé un equipo dependiente dentro del MPF, es decir que el proyecto de ley que se está pensando prevé que hasta que se cree y, mientras tanto, se use transitoriamente los que tiene el MPF”.

El fiscal recordó que ninguno de los bioingenieros hizo valoración sobre la información extraída de los elementos informáticos secuestrados, sino que “usaron herramientas para preservar la información y que sea extraíble”. “Son de los más capacitados en la provincia para tal fin. Además, no hay indicio que hayan hecho mal el trabajo”, acotó.

Ramírez Montrull señaló que los defensores cuestionaron los informes pero en el transcurso del debate usaron el contenido de los mismos. “Fiscalía ofreció peritos y los designó el juez de Garantías. No hubo recusaciones. A diferencia de -Maximiliano- Macedo, los informes de Martin Herrlein y Alejandro Baso se adecúan a los puntos de pericia dispuestos por el juez de Garantías, Ricardo Bonazola. Los defensores accedieron a toda la información además, a diferencia de lo que pasó con Macedo. Se cuestionó la dependencia jerárquica de los profesionales del Ministerio Fiscal. Bueno, esto está en manos del MPF y se desarrolla la labor dentro de este marco”.

Respecto del pedido de exclusión que hicieron defensores sobre los listados de llamadas, desde el aporte de información de empresas de telefonía hasta la elaboración de un informe por parte de la contadora Victoria González Brunet, también dependiente del MPF. “El tribunal resolvió y admitió esa prueba el 13 de diciembre. El juez de Garantías abordó esta cuestión de fondo y resolvió que no hubo afectación de las garantías constitucionales. Desarrolló argumentos de por qué llegó a esa conclusión”. El fiscal aseguró que “en ningún caso se reveló contenido de conversaciones telefónicas”. Dijo que la medida fue “razonable” y se ponderaron los “intereses en juego”. “La ponderación entre el grado de afectación a las garantía y la necesidad de producción de la prueba, es determinante a la hora de evaluar la validez o no de la prueba. Los intereses en juego del individuo sometido a proceso pero también de la sociedad ante la presunción de delitos tan graves”. Recordó que varios de los imputados son funcionarios públicos y en supuestos delitos contra la administración pública. “No se restringió la intimidad de las personas porque no se pidió el contenido, sino sólo los detalles de contactos”, acotó.

Por último respondió al abogado Rodríguez Allende, porque en su alegato de cierre aseguró que el préstamo que hizo Aguilera a Caruso fue con dinero del Partido Justicialista. “Los balances del PJ que se exhibieron por pantalla no obran en el expediente que llevó adelante la doctora María Servini de Cubría -jueza con competencia electoral-, no están. El PJ no tenía fondos disponibles, semejante cantidad de dinero, esto es suficiente. Y eso que dijo el abogado que los aportes no deben ser bancarizados es contrario a la ley de financiamiento de partidos. Lo dijo Rubén Cabrera acá además, que todo está bancarizado, que no sabía que PJ haya destinado dinero para el parador”, respondió. Por eso, pidió que se rechacen los planteos de exclusión probatoria.

Principio de congruencia

Por su parte, el fiscal Gonzalo Badano contestó la acusación de los defensores, sobre la supuesta violación del principio de congruencia. Es decir, que los fiscales cambiaron la plataforma fáctica de la acusación durante la investigación y el juicio. Por lo cual, sostuvieron los abogados, no supieron bien cómo y de qué defenderse. “Pero si Urribarri se definía como precandidato en los medios de comunicación, se definía a sí mismo, está en las notas y entrevistas televisivas. Se refería a sí mismo como precandidato desde la misma Solicitada, obvio que mientras era precandidato se estaba posicionando. No son conceptos que se repelen sino que se complementan”, respondió el fiscal. Es que los defensores, en sus alegatos de cierre atacaron a los fiscales porque hablaron de “posicionamiento” en la etapa de juicio. “No hay modificación a plataforma fáctica ni sorpresa”.

Contestó también al defensor Rodríguez Allende, que lo instó a mostrarle la evidencia de que había sido notificado para la elaboración de una pericia durante la IPP. Entonces el fiscal puso en pantalla que cuando Fiscalía fue habilitada para llevar adelante tal pericia, el primer correo electrónico registrado fue el de Rodríguez Allende. “Fue notificada la medida”.

“Rebaten prueba que ya convinieron”

Por último respondió la fiscal Patricia Yedro. Recordó a la contraparte que en alegatos de cierre cuestionaron pruebas que convinieron en una etapa anterior. “Dicen que desistimos de testigos para ocultar la verdad. Pero eran testigos comunes. Ellos estuvieron de acuerdo en desistir de esos testigos”, marcó. Lo dijo por las decenas de testigos que en un principio serían convocados a declarar y, puntualmente, por el abogado de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera, Lisandro Minigutti, a quien los imputados no relevaron del secreto profesional para que testifique en la audiencia. “Insisten que queremos ocultar la verdad, sólo cumplimos con nuestra labor y llegamos a acuerdos probatorios”, acotó. “Cómo dicen que desistimos de Minigutti sin ni siquiera preguntar, si ellos adelantaron que no lo relevarían del secreto profesional. Obvio que nosotros queríamos preguntarle como abogado de Tep”, remarcó y señaló: “Siempre tuvieron a disposición toda la información”.

“Dijeron que nosotros aseguramos acá que se tipeó el acta de secuestro del disco externo y no fue así. Se dijo que el oficial tipeó todo el desarrollo del allanamiento, y eso surge claro del acta madre”, replicó. Reivindicó los procedimientos del 1 de agosto de 2016 y las cadenas de custodia sobre los elementos secuestrados. Aseguró que durante esos allanamientos cambiaron los testigos civiles porque fueron tareas que demandaron muchas horas. “Las personas tienen compromisos”, indicó.

“Es falso que a Tep se le haya quedado adeudando 1 o 2 millones del Gobierno por trabajos realizados, como dijeron. Pasa que desde el Gobierno nunca nos mandaron los expedientes de pago, pero sí surge de la información de Contaduría”, respondió.

En relación a cadenas de custodia, Yedro aseguró que los defensores “nunca hicieron planteo sobre esto y están los efectos con cadenas de custodia convenidos en la convención probatoria”. “Dijeron que hubo elementos no peritados porque no pasaron por el Gabinete y es porque siempre estuvieron en poder de Fiscalía, cada vez que fueron revisados, la defensa fue notificada”.

La fiscal contestó también por el cuestionamiento de Barrandeguy al pedido de pena para Urribarri. “De los 8 a los 12 años pedidos inicialmente, pasaron cuatro causas más acumuladas a pedido de los defensores”.

“No pudimos hacer una estadística de cuantas veces se mencionó el apellido de un imputado”, contestó a Cullen que contó la cantidad de veces que se nombró algún apellido durante los alegatos de Fiscalía. “Lo que sí pudimos hacer, una vez más, es dirigirnos con respeto”, expresó la fiscal y cerró: “Pasa que es como dijo Galeano, ‘la verdad es como la hoja de una espada sin empuñadura, corta por todos lados a quien quiera sostenerla y más a quien quiera forcejear con ella’”.

Redaccion-Uno

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