Con el foco de atención puesto en la inflación, cuyo registro de febrero se conocerá este martes (los pronósticos apuntan a que rondará el 4%), el gobierno apunta a fortalecer el fideicomiso que busca sostener los precios locales del trigo. El objetivo es frenar la suba de ese insumo de gran cantidad de alimentos de la canasta básica.

Para ello se usarán los fondos derivados de un incremento en los derechos de exportación de la harina y aceite de soja, que subirían hasta emparejar el 33% que paga el grano sin procesar. La decisión ya está tomada y el primer paso fue el cierre del registro donde se asientan las declaraciones juradas de exportación, que se resolvió el fin de semana. En la práctica, ello implica que se suspenden todas las ventas al exterior hasta que se implemente el nuevo marco arancelario.

El incremento de dos puntos porcentuales en el impuesto (hasta ahora pagan un arancel de 31%) dejaría al Estado unos U$S 400 millones anuales. Sin embargo, en el gobierno juran que el objetivo no es mejorar las cuentas fiscales sino volcar ese dinero para fortalecer el fideicomiso que se lanzó hace algunos días “a los efectos de permitir un abastecimiento a precios razonables”, según dice la resolución que lo creó. A ese fondo deben colaborar las empresas exportadoras de trigo y maíz, sea en grano o en harina, para subsidiar la parte de la producción destinada al mercado interno.

Una alternativa bajo estudio es que lo obtenido por el incremento de las retenciones a la harina y aceite de soja pase a un nuevo fondo con el cual el Estado tome a su cargo la compra de trigo y asegure su venta a molineros a precios más económicos. El formato definitivo está siendo estudiado por la Secretaría de Comercio Interior.

La iniciativa, de todas maneras, está destinada a provocar ruido entre los industriales y productores agropecuarios. Ya dieron a conocer su disconformidad algunos dirigentes de la oposición, como Horacio Rodríguez Larreta, y hasta del Frente de Todos, como Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. No es casual la posición de Perotti: en esa provincia están radicadas gran parte de las empresas procesadoras y exportadoras de los derivados de soja. Para aquietar los resquemores y desactivar protestas como la de la siempre inquieta Mesa de Enlace, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, salió a aclarar este lunes que «se están estudiando una cantidad de medidas (pero) ninguna de ellas es la suba de la retención a la producción de maíz, la soja o el trigo».

En el último mes, el precio del trigo experimentó una fuerte alza de casi 40% en los mercados internacionales. En Chicago, tomado como parámetro a nivel global, el valor de la tonelada pasó de U$S 285 a mediados de febrero a los U$S 400 de esta semana.

La preocupación oficial, tal como dio a conocer Tiempo en su edición impresa del último domingo, es que el impacto de la guerra en Ucrania (quinto en el ranking de países exportadores de trigo en todo el mundo) potencie la ya de por sí delicada situación local, en la que la suba de los alimentos viene siendo la locomotora de la inflación. En los últimos días, el precio del pan volvió a subir y en algunos barrios ya se paga 300 pesos el kilo. Un ejemplo: en la segunda semana del mes, la consultora LCG midió aumentos de 1,6% en los alimentos minoristas, pero al enfocarse en el sector panificados la suba se triplicó a 4,8%.

Desde el sector sindical salieron a respaldar los intentos por ponerle coto a los aumentos de precios. Héctor Daer, secretario general de la CGT, dijo este martes que “las retenciones equilibran el precio de los alimentos en la Argentina; hay que buscar un equilibrio entre la mesa de los argentinos y lo que está sucediendo en el mundo. Estamos frente a una guerra que desacomoda todos los precios de los commodities. El problema es cuando esos precios se trasladan al mercado doméstico y afectan sobremanera la mesa de los argentinos».