La defensa de Urribarri: se creó “un monstruo” alrededor de Aguilera

El defensor habló de lawfare y dijo que los fiscales construyeron un monstruo alrededor del cuñado de Urribarri: “Político, peronista y manejaba la campaña del PJ. Seguramente no había nadie más demoníaco que Juan Pablo Aguilera”, ironizó Miguel Cullen. Dijo además que se violaron garantías constitucionales.

La continuidad de los alegatos de las defensas en el juicio al ex gobernador Sergio Urribarri tuvo este lunes su capítulo más virulento con una furibunda crítica de Miguel Ángel Cullen contra los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Cullen, que representa a Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena y Alejandro Almada, señalados como testaferros de Juan Pablo Aguilera, dijo que los fiscales decidieron deliberadamente dejar de lado los testimonios vertidos durante el juicio bajo el supuesto de que “todos mienten”, salvo los peritos de la propia acusación; ironizó que “todos son cómplices naturales de la corrupción”; aseveró que hubo una violación al principio de congruencia porque se modificó la acusación por la que los imputados llegaron a juicio y que se pretende cargar sobre los imputados que prueben su inocencia.

También cuestionó que Corina Cargnel, contadora de las empresas TEP SRL y Next SRL, que se atribuyen a Aguilera, enfrenta una pena equivalente a la de un homicidio doloso: ocho años de prisión, según el pedido de la fiscalía.

“Todavía no empecé a ejercer la defensa”, terminó por admitir Cullen cuando ya llevaba dos horas y media de alegato denunciando las arbitrariedades en que, a su criterio, había incurrido el Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

En ese tiempo, el letrado habló de lawfare y dijo que los fiscales construyeron un monstruo alrededor de Aguilera: “Político, peronista y manejaba la campaña del PJ. Seguramente no había nadie más demoníaco que Juan Pablo Aguilera”.

En ese contexto es que aseguró que los fiscales “se ponen en el lugar de dioses e investigan las conductas anteriores y posteriores” de las personas imputadas, en una semejanza con una clasificación lombrosiana de los criminales, esa que determinaba si alguien era “delincuente” en función de sus características corporales. “¿Qué sentido tiene investigar el viaje de Aguilera a Mar del Plata en 2015 si ni siquiera está imputado en la contratación de dos castillos inflables?”, ironizó Cullen sobre la causa del parador. “¿Por qué Aguilera no podría haber viajado a Mar del Plata? ¿Por qué no puede ser amigo de Giacopuzzi y Sena? ¿Por qué no puede ser pareja de Luciana Almada y cuñado de Alejandro Almada? Porque asumo la conducta de un dios e investigo la conducta de vida de las personas”, se cuestionó y se respondió Cullen.

La audiencia había comenzado con el tratamiento de un asunto pendiente y que sigue igual: el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón difirió hasta el momento de dictar sentencia la resolución de un planteo efectuado por la defensa de Germán Buffa para que se le conceda la suspensión del juicio a prueba respecto de la acusación por haber sido beneficiada con una publicidad a favor de una empresa que, según los fiscales, no existía en el momento en que fue contratada.

De lo político a lo técnico

El segundo tramo del alegato fue decididamente técnico y Cullen se dedicó, principalmente, a cuestionar el análisis de la prueba que hizo el Ministerio Público Fiscal, sobre todo de los intercambios de correos electrónicos y mensajes de texto entre los señalados como testaferros, pero también de los archivos informáticos secuestrados en las imprentas TEP SRL y Next SRL.

En primer lugar, dijo que los fiscales hicieron una “mutación” del hecho imputado: “Se dijo que hubo un direccionamiento de campañas publicitarias a favor de TEP y Next y que eso constituía un delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Esa figura requiere como elemento esencial que el negocio sea lícito porque lo que castigas es la yuxtaposición de un interés personal del funcionario con el interés público. Pero se dijo que también que hubo operaciones que constituían un peculado, y para que eso ocurra debe tratarse de un negocio ilícito. Si existe un negocio ilícito, se desplaza la negociación incompatible”, explicó el letrado.

Eso introdujo el segundo elemento de crítica, sobre el análisis de la prueba informática. Dijo que se trataba de “60 mil archivos informáticos”, de los cuales “no se ha podido determinar su autoría, algunos están incompletos y otros con errores” y sugirió que fueron colectados “de manera irregular o ilegal”.

Según dijo, de las comunicaciones entre Luciana Almada y Emiliano Giacopuzzi, que figuraban en los papeles como dueños de TEP SRL, giraban en torno al giro comercial de la empresa y la relación con los empleados.

Sobre los documentos informáticos, aseguró que “no hay uno solo que demuestre que Pedro Báez o Sergio Urribarri dieron una orden o le pidieron a algún funcionario que ayuden a TEP o Next; ni que Giacopuzzi, Sena, Luciana o Alejandro Almada hayan hablado con Báez o Urribarri para llevarles una inquietud, pedirles un contrato, orden de publicidad o que liberen un pago a favor de las empresas; y tampoco hay una sola conversación que establezca una orden de Urribarri a Báez para direccionar la publicidad en vía pública a favor de alguna de las empresas” y agregó: “Esa prueba de que no existió ningún favorecimiento la tenían en sus manos y a la vista, pero no quisieron verla”.

Cullen dijo incluso que Next no tenía contratos con el Estado; y en cuanto a TEP, sostuvo que en 2015, el último año de Urribarri como gobernador, “le facturó cero pesos al Estado” y en 2014 “le quedaron debiendo 1.244.000 pesos”.

“Si hay una empresa a la que querían favorecer y le pagaron un año más tarde o no le pagaron, no le hicieron ningún favor. En todo caso sería más respetuoso con la verdad decir que si hubo un interés respecto de TEP fue para perjudicarla”, se envalentonó Cullen.

En el mismo sentido, también intentó invalidar el hallazgo de un documento privado que exponía a Aguilera como dueño de las empresas en cuestión y que habría sido confeccionado por el abogado Lisandro Minigutti. Cullen dijo que Minigutti, que es abogado de Aguilera y Almada, “hubiese podido explicar ese documento que era una prueba demoledora de la fiscalía. Pero desistieron de su testimonio”. En rigor, Aguilera y Almada no lo relevaron del secreto profesional. “Desconocemos si ese documento fue hecho por Minigutti, si fue un trabajo de Corina Cargnel para la facultad o si fue algo que Aguilera hizo para mostrarle a su esposa y que no se enoje”, ironizó Cullen. “Pero resulta que se presenta a Aguilera como tan canalla que hizo aparecer a sus amigos de la infancia y a la madre de sus hijos como testaferros”, agregó el letrado.

Cullen dejó el final de su alegato abierto. Continuará este martes. Le queda pendiente la defensa de Corina Cargnel, la contadora de TEP y Next, a quien los fiscales le atribuyen un rol clave.

Fuente: Página Política

Redaccion-Uno

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