Megajuicio Urribarri: Para el fiscal la instalación del parador en Mar del Plata tenía como objetivo “clandestino” la promoción del ex gobernador

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull aseguró que en el sueño entrerriano hubo “una desviación de poder y una parcialidad de los funcionarios públicos hacia un interés particular de Sergio Urribarri”. En su alegato dijo también que la instalación de un parador en la playa de Mar del Plata tenía como objetivo “clandestino” la promoción de la figura del ex gobernador. También sostuvo que se pagó con sobreprecios y que se aplicaron retornos a favor de Juan Pablo Aguilera, el cuñado de Urribarri.

Sobreprecios y pago de coimas, dijo el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull que hubo en el proceso de instalación de un parador playero en la ciudad de Mar del Plata. Lo dijo en el tramo final de los alegatos en el juicio contra el ex gobernador Sergio Urribarri y compañía por el desvío de fondos públicos para promocionar su precandidatura presidencial.

El fiscal detalló una serie de irregularidades administrativas que se detectaron en la contratación de la empresa que montó el parador y dijo que en el proceso “se han confundido los intereses personales con los intereses públicos. Eso no casual, es intencional. Hubo un manejo de la cosa pública como si fuese privado y eso fue posible porque se aniquiló una innumerable cantidad de normativa que tiene como finalidad la transparencia de los actos de gobierno”, apuntando directamente a Urribarri.

El parador estuvo en funcionamiento durante el mes de enero de 2015 con el supuesto objetivo exhibir los atractivos de la provincia para atraer turistas, pero el fiscal afirmó que detrás de esta intención había “un interés oculto” y “clandestino”.

La contratación se hizo a través del Ministerio de Turismo, entonces a cargo de Hugo Marsó, por 14.561.870 pesos y para el montaje se contrató a la empresa El juego en el que andamos, que dirigía Gerardo Caruso.

Durante su exposición, Ramírez Montrull señaló una serie de irregularidades en el trámite administrativo, tales como “un inicio tardío del expediente administrativo, la mención de una urgencia infundada, una restringida publicidad del llamado a licitación, escaso tiempo para presentar las ofertas, direccionamiento e información privilegiada a los oferentes” y agregó que “hubo un contacto previo entre los funcionarios y hasta de sus familiares con el empresario que iba a ser beneficiado con la contratación”.

Pero tal vez lo más grave fue que dijera que el Estado se pagó un sobreprecio de 5 millones de pesos a la empresa El juego en que andamos y que Caruso le retornó a Juan Pablo Aguilera, el cuñado de Urribarri, una suma de 4.807.500 pesos, que equivale a unos 560 mil dólares, según el tipo de cambio de esa época.

El fiscal rechazó la versión que ambos dieron sobre el motivo de ese retorno. Ambos dijeron que Aguilera le había prestado ese dinero y que Caruso se lo devolvió por distintas vías. De acuerdo con las declaraciones de ambos, Caruso le entregó 2 millones de pesos en efectivo, pagó 307.500 pesos que se debían a una cooperativa por el alquiler de carteles en rutas de la provincia de Buenos Aires y canceló deudas que, supuestamente, tenían las empresas TEP SRL y Next SRL con distintas prestadoras de servicios de publicidad en vía pública por otros 2,5 millones de pesos. Esa es la ruta de la coima. Pero hizo otra interpretación el fiscal: “Con esa explicación, Aguilera está reconociendo que es el dueño de TEP y Next, porque las deudas que dice haber pagado Caruso eran de las imprentas”, algo que Aguilera ha negado sistemáticamente.

No obstante, el fiscal Ramírez Montrull insistió en que “no existió tal préstamo, fue un retorno, porque si así hubiese sido, debió quedar estado asentada en algún registro, debió hacerse por transferencia bancaria, por cheques u otro mecanismo electrónico que permitiera verificar la operación”, resaltó.

Direccionamiento

Ramírez Montrull sostuvo que el mecanismo instrumentado para la instalación del parador de Mar del Plata es similar en cuanto a las irregularidades al que describió el fiscal Gonzalo Badano cuando explicó el modo en que se contrataron los spots para promocionar a la ciudad de Paraná como sede de la Cumbre del Mercosur.

En ese sentido, el fiscal aseveró que “son irregularidades que alejan la posibilidad del control de los órganos constitucionales y que tienen como finalidad el beneficio de los funcionarios públicos” insistió en que el modo en que se llevaron adelante las contrataciones para la publicación de una solicitada en diarios nacionales, la difusión de los spots para la Cumbre del Mercosur y la instalación del parador “tienen su correlativo beneficio personal y el consecuente perjuicio al erario público. No son cuatro spots, una solicitada y un parador, como aquí se dijo”, en rigor, de ese modo intentó minimizar la acusación el propio Urribarri, “sino que la suma total de estas contrataciones es de casi 9 millones de dólares”, agregó Ramírez Montrull.

El fiscal afirmó que “la decisión de instalar el parador se tomó en forma clandestina y después se armó el expediente administrativo para dar una apariencia de legalidad y ocultar el desvío de dinero y el objeto real de esa contratación que era la promoción de la figura de Urribarri”.

Dijo por ejemplo que El juego en que andamos se inscribió como proveedor del Estado el día anterior a que se publicara en el Boletín Oficial el llamado a licitación; que la empresa no tenía experiencia en el rubro ni empleados en relación de dependencia, por lo que debió subcontratar con otras firmas el montaje del parador en la playa La Perla. Pero el dato revelador de que “había un conocimiento privilegiado” es que la empresa resultó adjudicada el 29 de diciembre de 2014 y el parador quedó inaugurado el 3 de enero de 2015. “Era imposible hacerlo en ese tiempo”, resaltó Ramírez Montrull.

Dijo también que hubo una competencia simulada con otra empresa y que se pagaron sobreprecios por 5 millones de pesos por la instalación del parador.

Ramírez Montrull mencionó que tampoco se dio intervención a los organismos de control: “El único control fue posterior y lo hizo el Tribunal de Cuentas, advirtiendo un sinnúmero de irregularidades que dan cuenta del direccionamiento de la contratación”.

“Había un conocimiento previo, información privilegiada y direccionamiento de la contratación”, enfatizó el fiscal, y para validar sus dichos enumeró una serie de comunicaciones telefónicas que mantuvieron Urribarri, su hijo Franco, Aguilera y Marsó con Caruso en las semanas previas a que se hiciera el llamado a licitación.

Fuente: Página Judicial

Redaccion-Uno

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