El exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, pidió tener ayuda memoria y una tablet para deponer en el megajuicio por corrupción. En principio comenzó a las 9.48 de este jueves, pero debió suspender su declaración por problemas técnicos en la transmisión del canal de YouTube del Poder Judicial. Volvió a sentarse frente al tribunal que componen los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, a las 10.28. Estuvo en ese banco casi 2 horas y media. No aceptó preguntas de nadie.
Saludó la realización de “estos juicios” porque “no siempre fue así”. Aseguró que “la apertura de estas casusas, tiene el objetivo de enlodar una gestión de gobierno”. Dijo que resignó su participación en la Comisión de Juicio Político de la Legislatura cuando fue diputado provincial, a propósito de su situación judicial. “Siempre estuve a disposición y a derecho”, apuntó.
Báez está imputado en cuatro de los cinco legajos que se discuten en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) desde el 27 de septiembre último. Tomó la decisión de dar sus explicaciones en la jornada 24 del debate. Se defendió de su imputación en la conocida como “causa de las imprentas”; agregó explicaciones también en dos de los tres legajos que componen la investigación conocida como “sueño entrerriano”. Por eso dio explicaciones en torno a la “causa Nelly”, a partir de la cual se investigó la difusión de cuatro spots televisivos durante la Cumbre del Mercosur, y el legajo “Solicitada” por la publicación de un llamado a la unidad que firmó el exgobernador Sergio Urribarri contra los fondos buitre. En ese tramo se emocionó.
No dijo nada sobre el legajo en el cual se imputó también al comerciante Germán Buffa. Es que en lo que va de juicio, la prueba oral sobre esa causa no se ha producido.
Recurrió a la pantalla gigante dispuesta en la sala de audiencia. Uno de sus defensores, el abogado José Velázquez, lo asistió con esa herramienta. Fue mostrando decretos de su gestión, partes de expedientes y hasta un cuadro de gastos deducido del informe que produjo el contador Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal (MPF).
“En primer lugar decir que no cometí delito y tampoco los que se me imputan; y quiero ratificar cada una de las declaraciones de la etapa instructoria”, planteó al inicio. “Estuvimos 8 años con responsabilidades y desde que dejamos transcurrieron 6 años más. En 14 años, no hay un pago detectado por organismos de contralor que merezca una calificación de lesividad. No hay juicio de cuentas. Ni de Fiscalía de Estado, ni Contaduría, Tesorería, ni la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, ni del Tribunal de Cuentas surgió ninguna irregularidad respecto de centenares de actuaciones administrativas”, mencionó. “Sabemos que los actos administrativos son válidos al menos que se declare lo contrario. Sostengo que todas las imputaciones, están teñidas de subjetividad y en todo caso, como toda acción de gobierno deberían admitir una evaluación política”, valoró.
