Megajuicio Urribarri: El extraño caso de una empresa donde la contadora cobra más que el “dueño”

De acuerdo con documentos internos de las empresas que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, la contadora Corina Cargnel y una persona que dijo haber sido “colaborador” de las imprentas tenían salarios superiores al que percibía Emiliano Giacopuzzi, el titular en los papeles.

Si Paolo Rocca fuera tan generoso en su empresa como lo era Emiliano Giacopuzzi en la suya, probablemente, su contador sería tan rico como es el CEO del Grupo Techint. En la empresa Formato Urbano, el nombre de fantasía de TEP SRL, la contadora y uno de los gerentes tenían sueldos más elevados que el dueño, si Giacopuzzi lo fuera.

El dato surge de una planilla que el Ministerio Público Fiscal exhibió en el juicio contra Sergio Urribarri y compañía por el desvío de fondos públicos para la promoción de la figura del ex gobernador como candidato presidencial en el año 2015. Se la presentaron a Raúl Javier Galarza mientras declaraba como testigo ante el tribunal. Según ese documento interno de la empresa, su sueldo como integrante de la “gerencia” era de 6.000 pesos en 2012, un monto similar al que percibía la contadora Corina Cargnel, superior a los 5.000 pesos que tenía asignados Giacopuzzi, el dueño en los papeles.

Galarza negó que Juan Pablo Aguilera, el cuñado de Urribarri, fuera el dueño de la empresa, aunque dijo saber que Luciana Almada, pareja de Aguilera, tenía una porción accionaria.

Galarza le bajó el precio a su trabajo en TEP SRL: dijo que era un “colaborador informal” de la empresa y que lo hacía porque conocía a Giacopuzzi –y también a Maximiliano Sena, que figura como dueño de Next SRL, la otra empresa que se le atribuye a Aguilera– de General Campos, de donde son oriundos. Su trabajo, según dijo, era ocuparse de “logística y comunicación interna entre las diferentes áreas de la empresa”, pero no estaba registrado sino que cobraba al contado y sin recibo.

“La empresa estaba bastante desorganizada cuando se hizo la distribución de las campañas y después de ese período, Emiliano (Giacopuzzi) me pidió que le diera una mano coordinando las diferentes áreas”, explicó.

Sin embargo, su nombre aparece mencionado en documentos internos que refieren a reuniones de gerentes de la empresa, de las que también participaba Aguilera, aparentemente. Galarza afirmó que “participaba de algunos encuentros, pero no de reuniones gerenciales” y admitió que Aguilera formaba parte de “algunos encuentros en los que no podía participar su esposa”, pero que lo hacía “en el lugar de su esposa y no tomaba decisiones”.

Otro dato que no pasó inadvertido, y que se ha convertido en un clásico de este juicio, es el cruce de causas donde se investigan presuntos hechos de corrupción. Galarza admitió haber sido contratado de obra de la Cámara de Diputados entre 2008 y 2012. Según dijo, trabajaba para el diputado Hugo Berthet, que también fue testigo en este juicio. “Hacía trabajos vinculadas a la política, tareas sociales, relevamientos de familias en situación de vulnerabilidad que luego entregaba al equipo del diputado o entrega de subsidios”, describió sobre sus funciones. El contrato era por 10.000 pesos, según consta en una factura que le exhibieron, aunque dijo no haberla confeccionado. Incluso pareció sorprenderse cuando le dijeron que había sido hallada en la casa de Aguilera, aunque aseguró que nunca tuvo en su poder su propio talonario de facturas.

El dato vuelve a poner en escena la causa donde se investigan contrataciones irregulares en la Legislatura en el período 2008-2018. Lo llamativo del caso es que el contrato de Galarza está comprendido en un período que quedó fuera de la pesquisa porque los fiscales aseguran no haber encontrado documentación.

Un guiño del Tribunal de Cuentas

La estrategia de los defensores de los funcionarios en este juicio está sostenida, principalmente, en que las contrataciones de publicidad en la vía pública, en medios de comunicación y redes sociales fueron aprobadas por los organismos de control.

El testimonio de Nancy Vinagre, ex asesora jurídica y actual fiscal del Tribunal de Cuentas, giró en torno a la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, de Jorge Corcho Rodríguez, y por un monto de 28,4 millones de pesos, y la difusión de cuatro spots publicitarios para promocionar acciones de gobierno y a la ciudad de Paraná como sede de la Cumbre del Mercosur.

La entonces asesora jurídica del Tribunal de Cuentas explicó que en las semanas previas al encuentro de presidentes, Hugo Céspedes, entonces a cargo de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, “se contactó con el Tribunal de Cuentas para realizar una consulta en base a la propuesta del ministro de Cultura y Comunicación (Pedro Báez) de difundir cuatros spots que mostraban políticas públicas que se querían exhibir durante la Cumbre del Mercosur”. Según dijo, la consulta era para saber si la difusión de esos avisos publicitarios estaba dentro de lo que permitía la ley respecto del modo de contratación que se haría para la ejecución de obras y la adquisición de bienes y servicios necesarios de cara a la reunión de presidentes. La ley autorizaba a realizar contrataciones directas de bienes y servicios y para la ejecución de obras.

Vinagre aclaró que en ningún momento vio los spots publicitario, sino que se solicitó al organismo “una intervención previa, y a mero título de asesoramiento, haciendo la salvedad de que eso no implicaba ninguna valoración sobre la legalidad y razonabilidad del gasto, que se haría con posterioridad” e incluso enfatizó que se hizo “un asesoramiento muy limitado en función de los elementos que remitieron en ese momento”.

Según dijo, en aquel momento se determinó que los spots que se pretendían difundir estaban dentro del ámbito de lo que permitía la ley. Sin embargo, aclaró que hasta el día hoy, casi siete años después de realizada la Cumbre del Mercosur en Paraná, el Tribunal de Cuentas no ha aprobado los gastos.

Sin embargo, ante consultas de los abogados defensores, Vinagre explicó que se han realizado consultas a los medios donde se publicaron los spots sobre el valor del segundo según la banda horaria y “se llegó a un valor levemente inferior al abonado por el Estado provincial”, que sería del 5 por ciento, aunque aclaró que “faltó establecer el valor que se paga por la intermediación” que realizaron las agencias de publicidad, en este caso Nelly Entertaiment SA y la subcontratista Punto Art Comunicación SA.

De la Redacción de Página Judicial

Redaccion-Uno

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