El juicio de Urribarri: ¿presencial, virtual o nada?

Mientras la causa de contratos truchos deja noticias casi a diario (ratificaron a los fiscales), se prepara el primer juicio oral y público que tendrá en la silla de imputados a Sergio Urribarri. Será en plena campaña electoral, como fue el de Sergio Varisco en su momento. El ex gobernador y el intendente fallecido, por esas cosas del destino, se encontraron en algunos destinos. Lucía Varisco y el embajador lo hicieron en Twitter, cuando falleció el jefe comunal.

El Tribunal de Juicio integrado por María Carolina Castagno, Elvio Garzón y José María Chemez juzgará al embajador argentino en Israel, al ex ministro de Comunicación Pedro Báez, y a Juan Pablo Aguilera, entre otros; en los legajos que se acumularon durante el proceso y que se podría sintetizar como la causa del “sueño entrerriano”. Allí, según la imputación, se utilizaron recursos públicos para financiar la campaña presidencial del entonces gobernador.

Los días en que se llevarán adelante las audiencias serán 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 y 30 de septiembre y 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, y 29 de octubre. Luego proseguirán el 15 y 16 de noviembre. Osea que comenzarán cuatro días después de las PASO y se extenderá hasta la general. Ni que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) estuviese integrada por militantes de Juntos por Entre Ríos.

Con la pandemia los procesos se fueron reprogramando y reformulado de acuerdo a los protocolos.

El informe de salud ocupacional del STJ – al que tuvo acceso Página Política  – sostiene que el salón donde se desarrollará el debate “es el único que puede albergar 47 personas, cumpliendo con las normas de prevención por Covid-19, pero teniendo en cuenta lo establecido mediante Decreto Nº2142 de fecha 9/08/21, el que dispone que se extenderá hasta el 31 de agosto con un aforo máximo de 70 por ciento”. Entonces sugieren que se permita la presencia de treinta y tres personas como máximo, número que surge como resultado del 70% de 47, con el correspondiente distanciamiento social, los que deberían distribuirse de la siguiente manera: cinco personas en la parte superior (balcón) y 28 personas en el salón.

A tal fin, el informe enviado a los abogados defensores detalla los lineamientos y estima cuatro representantes del Ministerio Público Fiscal, nueve defensores, 15 imputados, tres magistrados, un secretario, un asistente de vocalía y un testigo en el salón. El cronograma tiene programados ocho declaraciones testimoniales por día, estando previstos más de 140 testigos durante el desarrollo del juicio oral.

El protocolo, que además exige otras medidas protocolares (barbijo, distanciamiento de dos metros entre los diferentes actores, y la utilización de máscaras faciales) lo firman el ingeniero Mario Benavente, coordinador responsable del área de Higiene y Seguridad; y el médico Pablo Taleb, afectado a la misma área.

Advertencias

Los abogados defensores presentaron un escrito a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, advirtiendo que si bien existe un protocolo elaborado por la comisión que depende del STJ ante mencionada, “la realización del juicio puede ser perjudicial para la salud pública en atención al encierro durante 40 días de 34 personas expuestos al virus Covid-19”, según la nota a la que tuvo acceso Página Política.

En ese marco le solicitaron una audiencia a la ministra o un representante del Comité Operativo de Emergencia Sanitaria (COES) a fin de explicar “los riesgos” que implican para la salud pública la realización del debate. “Creemos fervientemente que frente a esta pandemia ningún cuidado es suficiente”, aseguran los defensores, que adjuntaron a su nota el protocolo elaborado por el área de salud ocupacional.

Desde los tribunales todo indica que están dadas las condiciones para que el juicio sea presencial (aunque no está previsto el periodismo). Sin embargo nada es seguro. Con la petición de los defensores y la respuesta del área de salud ocupacional, resta lo que decida el tribunal.

Delitos

Urribarri deberá responder por el supuesto desvío de 47 millones de pesos para la promoción de su figura durante el 2015. Está acusado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Los fiscales adelantaron una pena de nueve años de prisión. Los mismos delitos se le atribuyen a Báez, para quien pidieron ocho años.

A Aguilera, cuñado de Urribarri, se lo acusan de haber cobrado una coima por la instalación del parador playero; la contadora Corina Cargnel, de las empresas TEP SRL y Next SRL, a través de las cuales se habría triangulado el dinero de esas coimas; y el empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata. Para ellos, los fiscales pedirán condenas de ocho a cuatro años de prisión.

En tanto, los ex funcionarios Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial, también están acusados por las contrataciones de publicidad y los fiscales pedirán condenas de cuatro años de cárcel para ellos.

En el juicio los representantes del Ministerio Público Fiscal serán la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche; Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano.

Fuente: Página Política

Redaccion-Uno

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