Investigan al responsable económico de Cambiemos por el desvío de más de 7 millones de la campaña 2015 en Entre Ríos
14/03/2019

La causa salpica al diputado concordiense Joaquín Lamadrid

Investigan al responsable económico de Cambiemos por el desvío de más de 7 millones de la campaña 2015 en Entre Ríos

El Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó la apertura de una causa penal en la que se investigará la presunta comisión del delito de peculado por parte del responsable económico de Cambiemos en Entre Ríos, Enrique Susevich, que a la vez es titular de la sede Paraná de Anses. El funcionario recibió fondos del gobierno provincial que, actualizados según el valor del dólar, a la fecha equivalen a más de 7 millones de pesos. El destino, según se estableció en dos decretos, era la impresión de boletas para las elecciones de 2015, pero el Tribunal de Cuentas detectó que los recursos se usaron “para otros fines”. La investigación podría comprometer también al diputado provincial Joaquín Lamadrid, el otro responsable económico financiero de Cambiemos en la provincia.


La información sobre las presuntas irregularidades se conoció a través del sitio web Noticia Uno. Allí se informó que, mediante el decreto 2.892 del 25 de agosto de 2015, el Poder Ejecutivo provincial otorgó un subsidio de 1.027.687,04 pesos “con destino a solventar los gastos que demandó la confección de las boletas partidarias de sufragio para competir en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que se celebraron el 9 de agosto de 2015”. Con un dólar que valía 9,31 pesos al momento del otorgamiento, el subsidio ascendía a 110.385 dólares.

Dos meses después, en octubre de 2015, a través del decreto 3.743 del 14 de octubre de 2015 el Poder Ejecutivo provincial otorgó un aporte no reintegrable de 615.312,90 pesos “con destino a la confección de boletas partidarias de sufragio para el acto comicial que tendrá lugar el 25 de octubre próximo”. Con un dólar que costaba 9,54 en ese momento, el aporte ascendía a 64.498 dólares.

La suma total entregada a Cambiemos alcanzó los 174.883 dólares, es decir casi 7,5 millones de pesos actuales. El Tribunal de Cuentas (TdC) detectó posteriormente que los recursos se usaron “para otros fines”. En el organismo que conduce Federico Tomas tramita un juicio de cuentas al respecto, que lleva ya cuatro años. Se originó en observaciones formuladas por la Fiscalía de Cuentas Nº 6 ante la ausencia de la rendición del uso de los fondos por parte de la coalición entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO.

Susevich es responsable económico de Cambiemos. A la vez, ocupa el cargo de titular de Anses en Paraná. Fue él quien solicitó al Estado provincial recursos para solventar la impresión de boletas, lo que se le concedió en dos oportunidades. Para las próximas elecciones, volvieron a pedir fondos para la misma finalidad, según se comunicó desde la fuerza política en las últimas semanas.

Desde Cambiemos se intentó justificar el uso de los recursos recibidos en 2015 con recibos, facturas y otra documental que no se relaciona con la impresión de boletas establecida como objeto en los decretos. La Fiscalía de Cuentas Nº 6, a cargo de Lucrecia Zuttion, observó que “los comprobantes” presentados ante el TdC por Susevich para justificar el destino de los subsidios estatales “no se corresponden con el destino previsto para tales sumas” en los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo provincial.

Según Noticia Uno, Susevich ensayó una defensa: dijo que “desconocía el texto de los decretos por los cuales se le dieron los fondos”, siendo que él mismo fue quien solicitó por nota a las autoridades provinciales dinero “para solventar los costos de impresión de boletas”. La excusa motivó una consulta de la Fiscalía de Cuentas a la Asesoría Jurídica del TdC, a cargo de la abogada Nanci Vinagre, quien emitió un informe en el que también concluyó que los fondos fueron desviados.

“Respecto de la explicación del responsable económico del frente electoral Cambiemos distrito Entre Ríos, relativa al desconocimiento del texto del decreto 2.892/15 por el cual se le dieron los fondos, ello no se condice con su propio accionar, ya que ha sido él mismo quien identifica la norma en su primera presentación, indicando incluso la fecha del decreto (dato que no surgía del recibo que expresó tiene en su poder). Además de ello, de la documental anexada (...) se observa que en la solicitud del subsidio (...) los apoderados del partido literalmente solicitaron ‘la contribución necesaria para solventar los costos de la impresión de boletas’. De allí que conocen el destino que la ley prevé para tales subsidios”, resaltó la Asesoría Jurídica del TdC.

Posteriormente, Susevich explicó que “se confundió” y que, fruto de esa “confusión” “invirtió el dinero en otros fines”. Dicho de otro modo, admitió el desvío de los fondos públicos, pero “no incorporó nuevos elementos (facturas o comprobantes que acreditaran un gasto lícito) ni argumentos que puedan analizarse”, se advirtió desde la asesoría legal del organismo de control.

“Queda claro que el responsable renditivo (Susevich) conocía el destino que debía otorgarse a los fondos públicos en cuestión”, y pese a conocer el destino que debía darle al dinero estatal, lo utilizó para otros fines, concluye el dictamen.

Al resto de los partidos políticos que participaron de la contienda electoral, el TdC les aprobó las rendiciones correspondientes, pero a Cambiemos se le inició un juicio de cuentas que ya lleva cuatro años.

La publicación de Noticia Uno motivó que el MPF dispusiera de oficio la apertura de una causa penal para investigar el destino dado a los fondos por Susevich, ex tesorero de la UCR y responsable del manejo de los recursos de la campaña del diputado nacional Atilio Benedetti, hoy candidato a gobernador por Cambiemos.

Según informó el sitio web, la justicia ordenará en las próximas horas una serie de medidas. Entre otras, se pedirá al TdC que remita el expediente y la documentación relacionada a la rendición de cuentas de Cambiemos, que aún no fue aprobada por el organismo de control. El presunto accionar configuraría el delito de peculado, que el Código Penal castiga con penas que van de los dos a los diez años de prisión, más la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.

La investigación judicial podría comprometer, además, al otro responsable económico y financiero de la alianza Cambiemos: el diputado provincial Joaquín Lamadrid.

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