Habrá nueve fiscales y una unidad especial contra el narcomenudeo
07/09/2017

Narcotráfico

Habrá nueve fiscales y una unidad especial contra el narcomenudeo

El gobernador Gustavo Bordet envió a la Legislatura un proyecto de ley provincial de narcomenudeo. La idea es que sea aprobada rápidamente y entre en vigencia el 1º de enero de 2018. El proyecto prevé que haya nueve fiscales con competencia prioritaria en los delitos de narcotráfico. También se prevé construir una nueva cárcel; y con el dinero recuperado por la justicia podrían hacerse centros de tratamiento de adictos.


Apenas un año y medio le llevó al gobernador Gustavo Bordet elaborar un proyecto para la adhesión a la ley nacional de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, lo que se ha dado en llamar ley de narcomenudeo.

El proyecto, según ha dicho el Gobierno, es el resultado de un debate amplio e integral entre los distintos sectores políticos y de la justicia. Lo que ocurrió, en rigor, es que emisarios de la Casa Gris hicieron llegar el proyecto a dirigentes de la oposición y funcionarios judiciales.

Ahora bien, ¿de qué se trata el proyecto?

Lo que se llama “ley de narcomenudeo” se aprobó en diciembre de 2005 a través de la desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes para los delitos de menor cuantía, es decir, se faculta a las provincias para perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La iniciativa que impulsa tardíamente Bordet plantea la adhesión a la ley nacional y entrará en vigencia el 1° de enero del año 2018, sin esperar la transferencia de fondos nacionales y del Poder Judicial de la Nación para las fuerzas de seguridad, el Servicio Penitenciario y la prestación de justicia, tal como lo aseguró el ministro Mauro Urribarri.

Consultado al respecto, el funcionario confirmó que “se solicitarán los fondos a la Nación, aunque sabemos que es difícil la cuestión presupuestaria, por lo menos en virtud de los antecedentes de Buenos Aires, Córdoba o Salta”, las tres provincias que hasta el momento han instrumentado la desfederalización.

El proyecto del Gobierno dice que “atomizar la competencia en las diversas jurisdicciones provinciales implica una arquitectura institucional eficiente” para la protección de la salud y la seguridad. Pues bien, casi con las mismas palabras, el senador nacional Pedro Guillermo Guastavino cree lo contrario, y así lo expuso en un proyecto en el que propone devolver la competencia plena a la justicia federal para investigar los delitos de narcotráfico: “El atomizar la competencia entre las distintas jurisdicciones provinciales implicó una arquitectura institucional ineficiente, que contribuyó a debilitar y fragmentar la presencia del Estado en la materia”.

El poder para los fiscales y la Policía

La novedad, si se quiere, en el proyecto impulsado por el gobernador Bordet es una nueva reformulación y expansión de la estructura de la Procuración General mediante la creación de una especie de unidad especial, que contará con fiscales que tendrán competencia prioritaria en los delitos de narcotráfico y estarán asentados en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguay-Gualeguaychú. Serán, en total, cinco nuevos agentes fiscales –habrá dos en la capital provincial y uno en las otras circunscripciones– y cuatro fiscales auxiliares. También se prevé la creación de cinco cargos técnicos para Gabinetes de Investigación Forense.

El Ministerio Público de la Defensa, sin embargo, deberá atender la multiplicación de causas con la misma estructura, ya de por sí más reducida.

Las estadísticas son esclarecedoras: antes de la implementación de la ley de desfederalización en la provincia de Buenos Aires, la suma de causas iniciadas por tenencia para consumo personal en las fiscalías federales ascendía a 2.500; mientras que al cabo de tres años, en el ámbito de la justicia provincial, se daría inicio a 7.484 causas por las mismas figuras. Por el contrario, “la evolución de las cantidades de causas iniciadas, ya sea por comercialización agravada, transporte, almacenamiento y otras figuras no comprendidas en la ley 26.052, permiten demostrar que, desde la perspectiva de la competencia federal, la posibilidad de acceder al conocimiento de ilícitos más complejos ha disminuido considerablemente”, según un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de la Procuración General de la Nación.

El otro gran actor en la arquitectura normativa del Gobierno es la Policía provincial: “Resulta imperioso accionar desde la cercanía de la justicia ordinaria, conjuntamente con las policías locales, dotando de seguridad jurídica y eficiencia los procedimientos a realizarse con los fines interesados”, reza el proyecto oficial.

Ante esta aseveración, no está demás decir que la Policía de Entre Ríos puede actuar en la lucha contra el narcotráfico, más allá de la adhesión a la ley, como auxiliar de la justicia o ante un delito en flagrancia, aunque la causa será luego derivada a la justicia federal, donde incluso puede presentarse cualquier ciudadano que quiera denunciar un kiosco de venta de droga en su barrio.

Otro aspecto inescindible en la discusión sobre los fondos está vinculado con el colapso del Servicio Penitenciario. En la provincia de Salta, por ejemplo, sólo en los primeros diez meses de vigencia de la ley de narcomenudeo, fueron detenidas 401 personas. Al día de hoy, las cárceles entrerrianas están en condiciones de soportar un máximo de 1.500 detenidos, un número que ya se ha visto superado holgadamente. El proyecto provincial no habla del tema, pero en su último mensaje ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Bordet anunció la construcción de una nueva unidad penal, en Concordia o Santa Elena, que albergaría a 600 internos y debería estar finalizada para 2019, según indicaron fuentes oficiales.

Prevención y tratamiento de adicciones

Ahora bien, más allá de las cuestiones de seguridad, el combate al narcotráfico requiere de una visión integral, que comprenda campañas de prevención de las adicciones, la creación de centros de tratamiento de adictos, su no criminalización y la instrumentación de políticas de inclusión social.

En Córdoba, por ejemplo, uno de los modelos que miran los funcionarios entrerrianos, estadísticas oficiales revelan que las personas imputadas por delitos considerados como de narcomenudeo tienen un promedio de edad de 33 años y el 52,4 por ciento de ellos consume estupefacientes.

El proyecto oficial destaca, en este punto, que “la política pública en torno al control de estupefacientes tiene dos dimensiones: la reducción de la oferta y la reducción de la demanda. Cada una de las dimensiones de intervención tiene su propia lógica, la política en torno a la reducción de la oferta se afirma en la necesidad de establecer dispositivos de control sobre la producción y comercialización de estupefacientes; y las políticas en torno a la reducción de la demanda producen estrategias desde las perspectivas educativas y de la salud”.

Más allá de la utopía que supone “la reducción de la oferta y la reducción de la demanda” como meta, el proyecto establece que “las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados o el producido de su venta (…) se destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo”. Concretamente, se prevé que el 50 por ciento de esos beneficios económicos recuperados por la justicia sea remitido al Ministerio de Salud “para ser destinado a la Secretaría de Lucha contar las Adicciones” y el resto para fortalecer la estructura de la Dirección de Toxicología de la Policía.

Entre Ríos no tiene ningún centro público de internación para la atención y prevención de adicciones. Ni uno solo. En junio de 2015, el entonces gobernador Sergio Urribarri anunció la construcción de siete centros de rehabilitación. Habría uno en Paraná y otro en Concordia que se realizarían con una inversión provincial de 121,8 millones de pesos; y los otros cinco estarían en Colón, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Paraná y Concordia, con el aporte de fondos nacionales por 70 millones de pesos. Nada de eso existe dos años después.

Fuente: Página Judicial

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