Entre Ríos cerca de sancionar el cupo laboral travesti-trans
15/09/2020

Ampliación de derechos

Entre Ríos cerca de sancionar el cupo laboral travesti-trans

El Senado comenzará a tratar este martes 15 un proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados que busca instrumentar el cupo laboral travesti trans en Entre Ríos. La iniciativa cobra fuerza luego de que el Gobierno Nacional instrumentara por decreto el cupo laboral en el ámbito federal.


La Comisión de Legislación General, que preside la diamantina Claudia Gieco (Frente Creer Entre Ríos), está citada para este martes 15, a las 9, para tratar tres temas de agenda: una iniciativa que tiene por objeto promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Del encuentro participarán como invitadas: Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad; y Sigrid Kunath, titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de Entre Ríos. Además, trabajarán con el expediente Nº 13.607 por el que se modifican artículos de la Ley Nº 9671 de Violencia Laboral.  Y, por último, el cuerpo avanzará con el expediente Nº 22.709, de protección integral animal, que tiene por objeto proteger a los animales domésticos o domesticados.

El proyecto de cupo laboral trans fue presentado en la gestión anterior por la diputada (mandato cumplido) Emilse Pross. La iniciativa, sin embargo, no fija un porcentaje ni un piso en cuanto a la incorporación de ese cupo laboral, publicó Entre Ríos Ahora.

“La presente ley tiene por objeto promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero”, dice el artículo 1° del proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Y establece que toda persona “tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género”.

El proyecto establece que el Estado provincial, sus organismo s descentralizados, las empresas del Estado, personas jurídicas de derecho público, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos “están obligadas a ocupar personas travestis, transexuales y transgéro que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas, de acuerdo con las modalidades que fije la reglamentación”.

Crea, además, un registro de aspirantes a obtener un empleo “con el objetivo de facilitar su incorporación laboral y cumplimiento de la presente ley”. Y especifica: “Se encuentran alcanzadas por los efectos de esta ley las personas travestias, transexuales y transgénero, mayores de 18 años de edad, que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo que deben ocupar de acuerdo a sus antecedentes laborales y educativos”.

“En caso de haber iniciado la solicitud de rectificación registral del sexo al momento del acceso al derecho, la persona podrá presentar constancia de inicio de trámite a los fines de la inscripción del nombre escogido en la confección del contrato de trabajo o locación de servicios, legajos y/o cualquier otro documento que corresponde”, plantea el proyecto con media sanción.

Y establece un “régimen de incentivo fiscal para los empleadores del sector privado que contraten a personas travestis, transexuales y trasgénero”.

De momento, sólo tres ciudades de Entre Ríos han aprobado una legislación de cupo laboral trans: Paraná, Rosario del Tala y Victoria.

Nogoyá tenía acuerdo del Ejecutivo, que encabeza Rafael Cavagna (Juntos por el Cambio) pero finalmente la iniciativa no prosperó.

En Paraná la incorporación de personas trans derivó en un escándalo judicial sobre el final de la administración del exintendente Sergio Varisco, que ordenó la caída de los contratos. El tema llegó a la Justicia, pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) avaló lo resuelto por el Ejecutivo Municipal.

La activista Keili González aclara un punto: ninguna de las ordenanzas aprobadas por los Concejos Deliberantes están operativas. "En Victoria fue aprobada pero no fue promulgada por el Ejecutivo", señaló.


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