Al cuñado de Aguilera aún no le devolvieron los 374.000 pesos que le secuestraron
15/04/2018

Investigación

Al cuñado de Aguilera aún no le devolvieron los 374.000 pesos que le secuestraron

En la Justicia Federal sigue abierta la investigación que se inició contra el empleado de la Cámara de Diputados Alejandro Almada, a quien la Policía le secuestró $374 mil a mediados de enero, en un operativo que se realizó cerca del Acceso Norte a Paraná.



De momento, el joven empleado de la Cámara Baja y cuñado de Juan Pablo Aguilera –a su vez cuñado del exgobernador Sergio Urribarri- no ha conseguido que la Justicia le devuelva el dinero que asegura que es suyo y que generó de forma lícita.

La causa está en manos del fiscal federal Mario Silva, quien investiga si Almada infringió el artículo 303 del Código Penal, que pena el delito de lavado de dinero.

Consultado al respecto, el abogado del empleado de Diputados, Miguel Ángel Cullen, señaló que no hubo muchos avances en la causa y precisó que su defendido no se encuentra imputado.

Además, recordó que pidieron la devolución del dinero pero que recibieron una respuesta desfavorable: “Nos dijeron que no, sin darnos ningún tipo de explicación”, afirmó en referencia a la decisión del juez federal de feria, David Chaulet, quien en enero no hizo lugar a la pretensión.

“Todavía no nos han corrido el traslado de nada, ni lo han imputado. Nosotros pedimos todo el dinero y esperemos que respeten un poco más al ciudadano”, finalizó Cullen.

El expediente Almada se abrió en enero de este año luego de que la Policía Federal le incautara los fajos que totalizaban $374 mil, y que transportaba en una caja de cartón en el baúl de su auto. El empleado de Diputados fue sorprendido con esa suma de dinero el jueves 19 de enero, en un operativo de rutina sobre la ruta 12, cerca del Acceso Norte a Paraná.

En esa oportunidad, como es de rigor, el personal policial le consultó sobre el origen del dinero, pero el joven de 35 años no logró convencerlos de que era dinero producto de sus ahorros y que iban a ser destinados a la compra de un terreno.

Los uniformados informaron de la situación a la Justicia Federal que ordenó el secuestro de los billetes y la confección del acta correspondiente que abre formalmente una investigación por la supuesta infracción al artículo 303 del Código Penal de la Nación, que pena el delito de lavado de dinero.

Piden cuatro años de prisión para Almada

El joven al que se le secuestraron los billetes es el cuñado de Juan Pablo Aguilera,  y está imputado por la Justicia provincial en una causa por el presunto desvío de contratos de publicidad entre 2010 y 2015 que asciende a un monto de $24 millones.

Como se sabe, Aguilera, a su vez, es cuñado del exgobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, ya que es hermano de la esposa del legislador, Ana Lía Aguilera.

Almada figura como socio de la empresa Next SRL, que la fiscalía considera que pertenece a Aguilera. En este caso también están imputados por supuesto fraude a la Administración Pública los demás socios de las firmas Tep SRL y Next SRL,a saber:  Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada (hermana de Alejandro); y la contadora Corina Cargnel. Otros empresarios acusados son Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana.

Los principales imputados del caso son el exgobernador Urribarri; Pedro Báez, ex ministro de Cultura y actual diputado peronista; y Gustavo Tamay, quien fuera Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del Ministerio de Cultura.

El 1° de febrero los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio y adelantaron las penas que solicitarán para cada uno: ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; seis para Corina Cargnel, Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Almada y Maximiliano Romero Sena.

El juez de Garantías Eduardo Ruhl será quien deba resolver si el caso llega a debate oral y público.

Fuente: Gonzalo Núñez - Redacción de Entre Ríos Ahora

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