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Concordia - Entre Ríos - Miércoles, 23 de abril de 2014

La “actitud docente” y la gestión civil del teniente coronel Naldo Miguel Dasso, volvieron a ser destacadas como estrategia de la defensa, para imprimir un perfil solidario de quien fue -justamente- el responsable de la represión ilegal en Concordia. En la audiencia de este jueves, Jorge Aragón trató de explicar su adhesión a la nota en apoyo al ascenso de Dasso al grado de general. Para lo cual desestimó las denuncias por violaciones a los derechos humanos, hechos que aseguró no haber tomado conocimiento en esos años, siquiera cuando era intendente de facto (1981-83). También declaró Juan José Pignoux, quien en 1983 fue designado juez instructor militar, con jurisdicción en Concordia, Gualeguaychú y Paraná. En dos años, tramitó 36 causas que nunca prosperaron y, en varias de ellas, se terminó imputando por falso testimonio a las víctimas de los delitos. “Era una montaña de papeles, que tuvo que producirse en un lapso demasiado breve”, admitió. Sin acusados ni sentencias, los expedientes fueron años más tarde solicitados por la Justicia Federal, que dio curso a las investigaciones.

Por Betiana Spadillero Gaioli - Análisis Digital

En pos de desligar a Dasso de la represión ilegal en Concordia, otro testigo de la defensa relató los aportes civiles del entonces jefe del Regimiento y negó haber tenido conocimiento de los procedimientos ilegales del Ejército -en colaboración con otras fuerzas de seguridad.

Tal como los ruralistas Eduardo Carminal y Roberto Ildarraz declararon el miércoles, Jorge Aragón participó en el plan de acción cívica llevado a cabo en 1977, mediante el cual se repararon escuelas de la zona.

El ex intendente de facto refirió igualmente a la nota mediante la cual instituciones apoyaban el ascenso de Dasso al grado de general; a pesar de las denuncias públicas por detenciones ilegales y desapariciones forzadas de personas.

“Quiero remarcar que sólo hablábamos de su gestión civil y no emitíamos juicio de otra naturaleza”, asentó. A su vez, puso énfasis en que la misiva aclaraba que el militar “podría ser sometido a proceso, si se encontraban datos concretos” que lo implicasen. “Si hubiese habido una denuncia judicial, la cosa cambiaba, sino era inconsistente”, abundó.

El abogado se vio en apuros ante las repreguntas del Tribunal, que tuvo siempre en consideración la profesión del testigo. Ante el planteo de si había indagado el origen de esas acusaciones y el claro perfil ideológico que manifestaba el documento, se limitó a considerar que eran “referencias genéricas”.

“Para mí no fue una gestión típicamente militar”, insistió el profesor universitario y secundario. Y remarcó la actitud docente del jefe del Área de Defensa 225, quien brindaba charlas sobre las “consecuencias del Terrorismo”, sobre todo, a los jóvenes.

El testigo señaló sin embargo que tomó conocimiento de una serie de detenciones en abril de 1976, “que fueron importantes en cuanto a la cantidad de personas”. Según manifestó, se enteró por los diarios locales y porque uno de los detenidos era su médico, Roberto Temerani. “El hermano me vino a pedir que averiguara por la detención. Fui a hablar directamente con el jefe de la Policía (Ramón Campbell), y me dijo que eran órdenes de Paraná y que los trasladarían hasta allá”, relató.

Asimismo, comentó que entre otros presos por razones políticas estaban Morelli y Garamendi. “Habían estado en Investigaciones, porque formaban parte de lo que se llamó Grupo Concordia, esa habría sido la razón”, deslizó.

Al año siguiente supo de la detención del ex gobernador Jorge Busti, quien se desempeñaba como secretario del Juzgado Civil y Comercial concordiense, y declaró en esta causa.

Aseguró que no conoció a Sixto Zalasar y Julio Solaga, Tampoco supo de la detención del abogado laboralista Julio Héctor Mairama, aunque estaba al tanto de que “estuvo complicado por su militancia en el Partido Comunista”.

El letrado fue mencionado por el ex preso político Félix Román, quien recordó además que su estudio había sufrido un atentado. De hecho, el representante de la querella Rubén Pagliotto le preguntó a Aragón sobre la detención Román, pero dijo que se enteró tiempo después.

Respecto a su gestión comunal, entre 1981 y 1983, repasó algunos hechos que afectaron la ciudad, pero reafirmó desconocer el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad. Tampoco tuvo contacto con organismos de derechos humanos locales ni internacionales, como fue el caso de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Montaña de papeles

En 1976, Juan José Pignoux fue reintegrado al Ejército y llegó a obtener el grado de teniente coronel. Con el advenimiento de la democracia, fue designado para investigar los delitos de lesa humanidad que eran denunciados en Concordia, Gualeguaychú y Paraná. “Por un decreto del Ejecutivo de Raúl Alfonsín, se me nombró juez instructor militar, para vehiculizar las causas que se presentaban”.

En dos años, tramitó 36 causas sumariales que fueron elevadas al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Cada una de ellas se resolvió en 72 horas y se siguieron de acuerdo al Código Militar. Sin embargo, todas quedaron en la instancia de recabar pruebas: no hubo imputaciones, ni sentencias. En palabras del testigo: “Era una montaña de papeles, que tuvo que producirse en un lapso demasiado breve”.

Respecto al caso de Julio Solaga, ratificó el informe en el que señaló que el secuestro estuvo fehacientemente probado. No obstante, no se pudo determinar la autoría.

De la misma manera, refirió a la detención de Jorge Emilio Papetti y adhirió a la versión oficial de que el joven logró darse a la fuga. Mencionó en ese sentido la reconstrucción del hecho, que se realizó según los dichos de los militares involucrados y sin la participación de la familia del joven.

“Todos asentían, porque era muy verídico lo que relataban”, afirmó. Además, desestimó el testimonio de Jorge Ramírez, quien indicó que Papetti falleció en la cárcel de Paraná producto de las torturas. Y dijo que lo imputo por falso testimonio por presuntas contradicciones en las que entró con Ramón Rogelio Ayala –también ex preso político.

Más adelante, indicó que tomó la denuncia de Emilio Martínez Garbino, y que escuchó el testimonio del coronel Juan Miguel Valentino, a cargo del Regimiento en Gualeguaychú. Asimismo, le tomó declaración al general Juan Carlos Ricardo Trimarco, en 1984.

Interpelado por el fiscal José Ignacio Candiotti respecto al “pacto de silencio entre los responsables de los delitos”, Pignoux se negó a emitir juicio alguno. Negó conocer sobre detenciones sin orden judicial, así como el funcionamiento de centros clandestinos en la provincia. Aunque admitió que hubo detenidos en el Batallón de Comunicaciones de Paraná.

Luego resaltó que “en aquel momento era muy difícil encontrar pruebas, porque la gente tenía miedo, temía a represalias”. Dijo que quienes finalmente se presentaban “retaceaban” su relato. “Pero no tenían por qué intimidarse, porque yo llamaba a los denunciantes y los denunciados. El único elemento atemorizador que existía era el Código Penal”, asentó.

“Creíamos que estábamos actuando conforme a la ley. Estábamos segurísimos de eso”.

La causa

Las víctimas de los hechos que se investigan en esta causa fueron Sixto Zalasar, Julio Alberto Solaga -ambos desaparecidos-, y Juan José Durantini -detenido el 24 de marzo de 1976.

El centro clandestino funcionó esencialmente en el Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues, a cargo del entonces teniente coronel Naldo Miguel Dasso y jefe del Área de Defensa 225. También está imputado el ministro del Interior de la última dictadura cívico-militar Albano Harguindeguy, quien sigue el juicio desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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