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Concordia - Entre Ríos - Lunes, 24 de noviembre de 2014

El Consejo de la Magistratura de Corrientes acusó de mal desempeño a la jueza en lo Civil de Santo Tomé, Graciela Duarte. El año pasado imputó al magistrado de Instrucción de Mercedes, Pablo Fleitas, quien fue el primer destituido. También se revisan la situación de otras autoridades del fuero provincial, como el caso del juez provincial de Santo Tomé, Humberto De Biassi y la situación del juez de Paz de Alvear, Arturo Chiyah, quien fue denunciado por Diario del SUR Digital y la agrupación HIJOS de Paraná, de aparecer en la nómina de miembros del Batallón 601 de Inteligencia, que operó en Entre Ríos durante la dictadura militar.

El Jurado de Enjuiciamiento con rango constitucional deberá resolver próximamente si concreta la segunda destitución en su corta historia, o bien, desestima la reciente acusación de mal desempeño del cargo en contra de una jueza del fuero provincial. La imputación fue realizada en la semana que está terminando, por parte del Consejo de la Magistratura, sindicando a la magistrada en lo Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé, Graciela Duarte.

El juzgamiento se convertirá en el segundo proceso que llevará adelante el Jury con rango constitucional, a partir de la reforma del la Carta Magna provincial en 2007. El primer caso se produjo a raíz de la acusación de mal desempeño del cargo en contra del juez de Instrucción y Correccional de Mercedes, Pablo Fleitas. La denuncia por parte del Consejo de la Magistratura se formalizó en septiembre de 2009 y en febrero de 2010 el Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó al encontrarlo culpable.

Fuentes judiciales admitieron que los integrantes del Consejo de la Magistratura también estarían analizando supuestos pedidos de destitución para otro juez provincial de Santo Tomé, Humberto De Biassi y la situación del juez de Paz de Alvear, Arturo Chiyah, quien fue denunciado por medios de prensa de Entre Ríos de aparecer en la nómina de miembros del Batallón 601 de Inteligencia, que operó en aquella provincia durante la dictadura.

En la semana el Consejo de la Magistratura notificó a Duarte de la acusación y le comunicó que fue suspendida en el ejercicio del cargo. También hizo lo propio al Superior Tribunal de Justicia de la provincia. La resolución fue firmada por los integrantes del organismo, María Eugenia Sierra representante del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, por la Fiscalía de Estado Carlos Pila, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, Verónica Torres y por el Colegio de Abogados de la Vº Circunscripción Judicial, Alejandro Agustoni, con la presidencia de la máxima autoridad del STJ, Carlos Rubín.
Vale recordar que el Jurado de Enjuiciamiento está conformado por el ministro del STJ Guillermo Semhan, el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Unne, Jorge Buompadre, el senador Vicente Picó, los diputados Nora Nazar y Jorge Quintana, el representante del Colegio de Magistrado es Eduardo Panseri y por el Colegio de la Quinta Circunscripción Judicial está Daniel Ojeda.

Los cargos

En diciembre pasado el STJ envió al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía General las actuaciones de la jueza Duarte. Con carácter preventivo se le ordenó abstenerse de dictar medidas cautelares improcedentes contra el Estado Nacional y organismos nacionales y además, se le inició un sumario administrativo.

La resolución N° 416 del STJ fue dictada el 22 de diciembre, tras una inspección realizada días atrás en esa dependencia judicial y de la cual surgieron numerosas irregularidades. Entre las que se cuenta el dictado de un elevado número de medidas cautelares en materia de Amparos contra la Nación -contra el Ministerio del Interior y organismos de seguridad de la Nación- cuyo objeto era el reconocimiento de diferencias salariales por la aplicación incorrecta de varias disposiciones de carácter nacional. Particularmente se señala en la inspección asignaciones recibidas en forma mensual por aplicación de tres decretos: 2000/91, 2115/99 y 628/92, con la pretensión de que esas sumas fueran incorporadas como asignaciones “remunerativas y bonificables” en el rubro sueldo. Como consecuencia, se solicitó la correcta aplicación y devolución de las sumas adeudadas desde un decreto posterior, el 1490/02.

La presunta irregularidad consistía en tramitar demandas ya sea bien como Amparos (fuero civil) o bien como Acción por Cobro de Pesos (fuero laboral) cuando las causas eran de igual tenor, las pretensiones eran idénticas, se atacaban los mismos actos y los escritos eran iguales, cambiando sólo los datos de los actores. Los abogados apoderados eran en la mayoría de los casos, también los mismos.

Los inspectores observaron que la magistrada declaraba la inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley de Amparos (referido a las condiciones para denegar el Amparo), y luego la inconstitucionalidad del primer artículo del decreto 1490/02, decretando una medida cautelar innovativa y ordenando a la parte demandada a efectivizar pagos y efectuar liquidaciones. Luego, se declaraba incompetente para entender en las causas y las remitía al Juzgado con competencia federal en Paso de los Libres.

El STJ puso en duda la rectitud de la conducta de la titular del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé, y su capacidad para el normal desempeño de la función judicial; además de señalar una posible extralimitación en el ejercicio de sus potestades jurisdiccionales; y abuso de su función de juez al impartir órdenes y disponer procedimientos improcedentes, todo lo cual autoriza a su juzgamiento.

La Red Corrientes

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